El Juzgado de lo Contencioso número 1 de Ceuta ha sentenciado que la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma debe poner en marcha los mecanismos para traer de vuelta a España a doce menores a los que deportó a Marruecos el verano pasado sin seguir ni uno de los cauces previstos en la legislación para estos perfiles especialmente vulnerables. En dos sentencias notificadas esta semana, concluye que «no es que se haya omitido alguno de los trámites» en aquellas expulsiones, «es que se han omitido todos», con una «vía de hecho» que ha puesto en una «situación de riesgo relevante» a esos menores, vulnerando sus derechos fundamentales.
Los hechos se remontan al pasado mes de mayo, cuando en plena crisis diplomática de Marruecos con España por cuenta de la llegada a territorio nacional del líder del Frente Polisario Brahim Gali, el reino alauí retiró a sus fuerzas policiales de la frontera con Ceuta e incluso
animó a los migrantes de los alrededores a cruzarlas impunemente.
A falta de cifras concretas, desde Interior se estimaban en 10.000 las personas que cruzaron y entre ellos, unos 800 niños. Muchos, sobre la marcha e incluso el mismo día o con goteo en los posteriores, se volvieron a Marruecos por su propio pie, pero en julio se cifraban por encima de 740 los menores que aún seguían en la ciudad, ya fuera alojados en centros e instalaciones habilitadas como un polideportivo, ya fuera en las calles.
En agosto, la Secretaría de Estado de Seguridad intercambió emails con la Delegación del Gobierno de Ceuta dando luz verde a la repatriación de esos menores a Marruecos. El plan era sacarlos a todos, en grupos de quince, y entregarlos a las autoridades alauís para que los recepcionase en un centro y de ahí, los fuese entregando a sus familias. Se había llegado a aquel acuerdo en una reunión a pie de valla, como luego fueron reconociendo…