La orden ejecutiva del presidente Donald Trump para abolir el jus soli ha provocado una respuesta legal inmediata, con 18 estados, el Distrito de Columbia y la ciudad de San Francisco presentando una demanda desafiando la medida.
La orden, firmada el lunes poco después de que Trump asumiera el cargo, ordena a las agencias federales que denieguen la ciudadanía a los niños nacidos en suelo estadounidense de madres que se encuentren en el país de forma ilegal o con visados temporales si el padre no es ciudadano estadounidense o residente permanente.
La demanda, presentada por fiscales generales demócratas, califica la orden de «intento claramente ilegal de privar de la ciudadanía a cientos de miles de niños nacidos en Estados Unidos por su ascendencia», según ABC News. Argumenta que el Presidente no tiene autoridad para derogar derechos constitucionales mediante una orden ejecutiva: «El Presidente no tiene poder para enmendar o anular una enmienda constitucional o una ley debidamente aprobada».
Durante una rueda de prensa, el fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, denunció la orden como una «clara violación de nuestra Constitución». Señaló que «durante más de 150 años, nuestro país ha aplicado el mismo principio fundamental: los recién nacidos en este territorio son ciudadanos estadounidenses. Esto no es sólo un ataque a la ley. Es un ataque a la esencia misma de esta nación».
La demanda expone las posibles consecuencias de la orden, afirmando que aproximadamente 150.000 niños nacidos cada año de padres no ciudadanos sin estatus legal correrían el riesgo de perder el acceso a servicios básicos, incluida la atención médica y la educación. «Todos ellos podrán ser deportados, y muchos serán apátridas», advierte el recurso.
El desafío legal va más allá de los gobiernos estatales.
Organizaciones sin ánimo de lucro de Massachusetts y New Hampshire también han presentado demandas federales para bloquear la aplicación de la orden. El fiscal general de California, Rob Bonta, se comprometió a defender los avances del estado: «Estamos preparados para afrontar los retos de una segunda administración Trump para garantizar que en California nuestro progreso continúe y prevalezca.»
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, destacó la importancia histórica del derecho a la tierra. «Este derecho fundamental, consagrado en la 14ª Enmienda y surgido de las cenizas de la esclavitud, es un pilar del compromiso de nuestra nación con la justicia», afirmó James.
Según ABC News, los estados solicitan un mandato judicial preliminar para suspender la aplicación de la ordenanza mientras tienen lugar los procedimientos judiciales.
Trump ha emitido una orden ejecutiva para abolir el derecho a la tierra y se enfrenta a demandas de 18 estados
