Ante la inacción de las autoridades, la familia de Pierre-Louis Opont apela a la conciencia de los secuestradores para conseguir su liberación.
Pierre-Louis Opont sufre graves problemas de salud desde su secuestro el 20 de junio, y no ha podido tomar la medicación que necesita para su próxima operación médica. Esta situación preocupa sobremanera a su familia, cada vez más frustrada por la negativa de los matones a liberar al ex presidente del Consejo Electoral Provisional.
En un comunicado de prensa fechado el 7 de julio, la esposa de Pierre-Louis Opont, Marie-Lucie Bonhomme, y otros miembros de su familia hicieron “un llamamiento urgente a los matones para que liberen al ex presidente del CEP”.
“La situación de Pierre-Louis Opont es preocupante, ya que su salud requiere una medicación diaria a la que no tiene acceso desde hace tres largas semanas”, escribe Marie-Lucie Bonhomme, implorando a los secuestradores que den muestras de humanidad liberando a su marido. Estamos profundamente preocupados por su salud y su vida”, añade.
Desolada, la familia de Opont intenta negociar a solas con los criminales, que hasta ahora no han mostrado ninguna intención de liberar al ex presidente del Consejo Electoral Provisional.
Como en el caso de los demás secuestrados, las autoridades gubernamentales no parecen tener la voluntad de facilitar la liberación de Pierre-Louis Opont. Están demasiado preocupadas por asegurar su propia posición.
En una entrevista concedida hace unos meses a Yvener Foster Joseph, de RSF, la ministra de Justicia, Emmelie Prophète, invitó a la población a responsabilizarse de su propia seguridad.
Una semana antes del secuestro de Pierre-Louis Opont, su esposa, Marie Lucie Bonhomme, periodista estrella de Radio Vision 2000 y Télé Pluriel, fue secuestrada en su domicilio a las 3 de la madrugada por una treintena de miembros de la banda de Vitelhomme, fuertemente armados, que también saquearon la casa. Fue liberada unas horas más tarde.
Tras su mandato al frente del Consejo Electoral Provisional, Pierre-Louis Opont había decidido permanecer en su país, quizás con la esperanza de que la situación de seguridad mejorara. Sin embargo, esto no tenía en cuenta la incapacidad del gobierno para proporcionar a la población las necesidades mínimas de vida.
Varios países, entre ellos Estados Unidos y Canadá, han publicado los nombres de varias personas acusadas de contribuir a la inseguridad en Haití, pero el gobierno de facto no ha tomado ninguna medida para iniciar procedimientos judiciales contra estos poderosos proveedores de armas y municiones a las bandas armadas.