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Rediseñando el TPS para ciertos países: Crecen los llamados a la acción del presidente Biden

Emmanuel Paul
Emmanuel Paul - Journalist/ Storyteller
Jose Cabrera, a landscaping worker, stood alongside three Latino Democratic senators at a Wednesday press conference advocating for the renewal of protected statuses ahead of the anticipated return of President-elect Donald Trump to the White House. Credit Photo: News From The States

Con aproximadamente un mes restante de su mandato, el presidente Joe Biden enfrenta una presión creciente para tomar medidas decisivas que protejan a los inmigrantes actualmente bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) y a aquellos en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) antes de que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo.

En una conferencia de prensa el miércoles, tres senadores demócratas, Catherine Cortez Masto (Nevada), Alex Padilla (California) y Ben Ray Luján (Nuevo México), destacaron la urgencia del tema, advirtiendo sobre las posibles consecuencias si no se toman medidas rápidas.

José Cabrera, un beneficiario del TPS de El Salvador que ha residido en Maryland por más de treinta años, se unió a los senadores en el evento. El estatus actual del Sr. Cabrera lo protege de la deportación y le permite trabajar legalmente en los Estados Unidos, informó www.newsfromthestates.com.

El TPS para El Salvador, que expirará en marzo, y el de Nicaragua, programado para julio, están generando preocupación creciente sobre las políticas de inmigración de la administración entrante. Cabrera y otros en una situación similar temen que las deportaciones masivas los apunten si su estatus expira.

“Sabemos que la nueva administración intentará implementar políticas de inmigración caóticas que separarán a nuestras familias”, dijo la Sra. Cortez Masto. Ella pidió a la administración Biden que vuelva a designar el TPS para El Salvador y Nicaragua y lo extienda a los ciudadanos ecuatorianos. Esta solicitud refleja las crecientes preocupaciones sobre la seguridad del regreso a estos países y el posible impacto humanitario de las deportaciones forzadas.

El TPS, una disposición temporal, permite a los ciudadanos de ciertos países residir y trabajar en los Estados Unidos bajo condiciones como conflictos armados, desastres ambientales u otras circunstancias extraordinarias. Sin embargo, este estatus no constituye una vía hacia la ciudadanía y debe renovarse periódicamente. Más de un millón de inmigrantes se benefician de las designaciones de TPS, que actualmente cubren 17 países, informó www.newsfromthestates.com, una organización de noticias con sede en Washington. La importancia del programa se ha destacado en casos como la protección de los ucranianos que huyen de la invasión rusa.

Andrea Flores, vicepresidenta de políticas de inmigración en FWD.us, criticó el posible retroceso de las protecciones del TPS, señalando las consecuencias devastadoras de las deportaciones masivas. “Estas personas ahora perderán su estatus legal en la próxima administración”, dijo a www.newsfromthestates.com, advirtiendo que las personas deportadas podrían enfrentar persecuciones, o algo peor, en sus países de origen.

Los tribunales ya han bloqueado los intentos de Trump de terminar con el TPS para Haití, Nicaragua, El Salvador y Sudán en 2018, pero se vislumbran nuevas amenazas mientras Trump se prepara para regresar a la Casa Blanca mucho más decidido y poderoso, con los republicanos controlando todas las ramas del poder: ejecutivo, legislativo y judicial.

Los senadores Padilla y Luján también destacaron las ramificaciones económicas de las deportaciones masivas, argumentando que retirar del mercado laboral a los beneficiarios del TPS y DACA desestabilizaría las industrias que dependen de la mano de obra inmigrante. “Al retirar la autorización de trabajo a cientos de miles de trabajadores, estamos destruyendo nuestra propia fuerza laboral”, dijo el Sr. Padilla. De igual forma, Luján señaló el impacto más amplio en las familias con estatus mixto, cuyos diferentes miembros tienen diferentes estatus migratorios, y los posibles efectos colaterales en la economía estadounidense.

DACA, otro programa clave bajo escrutinio, enfrenta un futuro incierto mientras espera una decisión de un tribunal federal sobre su legalidad. El programa protege a los inmigrantes traídos a los Estados Unidos cuando eran niños, conocidos como Dreamers, de la deportación y les permite trabajar legalmente. En una reciente entrevista, Trump insinuó que estaba dispuesto a trabajar con los demócratas para encontrar una solución para los beneficiarios de DACA, pero no proporcionó detalles concretos.

La senadora Cortez Masto expresó escepticismo sobre las intenciones de Trump, haciendo referencia a su rechazo de una propuesta bipartidista en 2018 que habría otorgado a los Dreamers un camino hacia la ciudadanía a cambio de financiamiento para el muro fronterizo. “La última vez que dijo eso, y le presentamos un proyecto de ley bipartidista para hacer algo para proteger a nuestros Dreamers, lo mató”, observó.

Los defensores de los derechos humanos siguen preocupados por el posible uso indebido de los datos recopilados de los solicitantes de DACA. Juliana Macedo do Nascimento, de United We Dream y beneficiaria de DACA, enfatizó la necesidad de un cortafuegos entre los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) y agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). “El gobierno tiene toda nuestra información. Puede venir por nosotros en cualquier momento”, advirtió, subrayando los temores de que el ICE explote los datos del USCIS para fines de deportación.

Thomas A. Saenz, presidente y consejero general del Mexican American Legal Defense and Educational Fund, instó a los Dreamers a seguir renovando su estatus de DACA para extender su protección. Animó a los solicitantes a actuar lo antes posible, dado el futuro incierto del programa.

La administración Biden aún no ha respondido públicamente a estos llamados a la acción, pero el tiempo se está acabando. Los esfuerzos anteriores de Trump por desmantelar las protecciones migratorias e implementar medidas severas de deportación han sentado un precedente claro, y muchos temen que la historia pueda repetirse. Los legisladores demócratas y los grupos de defensa están presionando para que se tomen medidas inmediatas para proteger a las comunidades vulnerables y preservar las contribuciones económicas de los trabajadores inmigrantes. Los riesgos son altos, con millones de vidas en juego.

Este informe se basa en una historia de www.newsfromthestates.com.

 

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