La estricta política migratoria del gobierno republicano de Texas ha provocado un aumento en las persecuciones policiales mortales que involucran a migrantes y presuntos traficantes de personas.
Según datos de Human Rights Watch, desde 2021, al menos 106 personas han perdido la vida y más de 300 han resultado heridas durante persecuciones policiales en las que han participado agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas y fuerzas del orden locales involucradas en la Operación Lone Star.
El 4 de octubre, Wendy J. Rodríguez, de 44 años, se dirigía a su trabajo en El Paso después de dejar a sus hijos en la guardería. En un cruce, su automóvil fue impactado por un vehículo conducido por Joseph Anthony Maldonado, de 17 años, quien estaba siendo perseguido por la policía de Texas bajo sospecha de tráfico de personas. Rodríguez falleció a causa de sus heridas.
Según Human Rights Watch, citado por The Independent, casi el 10 % de las personas fallecidas en estas persecuciones eran transeúntes inocentes. La mayoría de estas persecuciones comienzan por infracciones de tránsito menores.
La Operación Lone Star, lanzada por el gobernador Greg Abbott con un presupuesto de 11 mil millones de dólares, busca reforzar la aplicación de las leyes de inmigración a nivel estatal. Las autoridades de Texas afirman que esta iniciativa ha reducido la inmigración irregular, pero los críticos denuncian casos de perfilamiento racial y persecuciones policiales peligrosas.
Vicki B. Gaubeca, subdirectora de políticas de inmigración y frontera en Estados Unidos para Human Rights Watch, declaró: “Para evitar lesiones y muertes innecesarias, muchas agencias policiales en todo el país han restringido las persecuciones en vehículos a situaciones en las que son necesarias para prevenir la muerte, lesiones o daños materiales graves. Las fuerzas del orden en Texas deberían priorizar la vida humana y dejar de poner en peligro a las personas, incluidos los texanos y los transeúntes inocentes”, según informó The Independent.
Ante el aumento de incidentes, la Patrulla Fronteriza de EE.UU. implementó nuevas directrices en 2023 para limitar estas persecuciones de alto riesgo. Otras fuerzas del orden, como la policía de Nueva York, también han adoptado restricciones similares por razones de seguridad pública.
La política migratoria del gobernador Abbott no solo ha causado daños materiales, sino también impactos psicológicos y emocionales. Se han documentado numerosos casos de perfilamiento racial, y los críticos advierten sobre un clima de miedo, especialmente entre las comunidades latinas cerca de la frontera.
Michelle Serrano, de la organización Voces Unidas Rio Grande Valley, declaró en una entrevista con The Independent: “Es como una zona sin derechos. Estamos hablando de un lugar donde el perfilamiento racial se practica libremente. Se siente como segregación.”
A pesar de estas preocupaciones, la administración de Trump busca fortalecer la cooperación entre las fuerzas del orden locales y federales en materia de inmigración. Ha ordenado al Departamento de Justicia ampliar los acuerdos de colaboración con las policías locales, aunque estudios han demostrado que estos acuerdos suelen darse en zonas donde la discriminación racial ya es un problema. Además, la Casa Blanca busca reducir la financiación federal a las llamadas jurisdicciones “santuario”, que limitan la asistencia de la policía local a las autoridades federales de inmigración.