Florida se prepara para adoptar una serie de medidas destinadas a fortalecer la lucha contra la inmigración ilegal, siendo una de las más radicales la instauración de una pena de muerte obligatoria para ciertos crímenes cometidos por inmigrantes en situación irregular.
El miércoles, los comités clave de la Cámara de Representantes y el Senado de Florida aprobaron proyectos de ley (HB 3C y SB 4-C) que impondrían la pena capital a los inmigrantes indocumentados condenados por asesinato en primer grado o violación de menores. Esta iniciativa forma parte de una sesión legislativa especial centrada en la inmigración, organizada en apoyo a las políticas migratorias restrictivas del presidente Donald Trump.
Legislación extrema y críticas sobre su constitucionalidad
Aunque esta propuesta ha contado con el apoyo de los legisladores republicanos, también ha enfrentado una fuerte oposición, especialmente por parte de los demócratas y los defensores de los derechos humanos. Fentrice Driskell, líder de la minoría demócrata en la Cámara, recordó que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha fallado en varias ocasiones sobre la inconstitucionalidad de las penas de muerte obligatorias.
El representante republicano Sam Garrison, uno de los promotores del proyecto, defendió la medida, asegurando que solo tiene como objetivo a “los criminales más peligrosos”.
Además, el texto introduce otra disposición que penalizaría cualquier entrada deliberada en Florida por parte de un inmigrante sin papeles que ya haya evadido los controles fronterizos de EE. UU. El primer delito sería castigado con nueve meses de prisión, mientras que una reincidencia conllevaría una pena de al menos un año y un día de detención.
División dentro del propio campo republicano
En el Senado, el proyecto fue aprobado por 11 votos contra 7. Un hecho notable fue que la senadora republicana de Miami, Ileana García, se alineó con los demócratas, explicando que, como “cristiana practicante”, no podía apoyar tal medida.
Otras críticas han surgido respecto a las implicaciones de esta política. La senadora demócrata Barbara Sharief condenó la medida como una violación del principio de igualdad ante la ley y recordó que Florida ya se ha enfrentado a errores judiciales y discriminación racial en la aplicación de la pena de muerte.
Maria DeLiberato, directora de la organización Floridians for Alternatives to the Death Penalty, también expresó su escepticismo en una carta enviada a los legisladores, considerando que un cambio de postura por parte de la Corte Suprema sobre este tema era “extremadamente improbable”.
Un plan más amplio para reforzar la política migratoria
Además de esta medida controvertida, los legisladores floridanos aprobaron un plan para fortalecer la aplicación de las leyes migratorias (HB 1C y SB 2-C). Este proyecto prevé la creación de un Consejo Estatal para la Aplicación de las Leyes Migratorias, compuesto por el gobernador, el fiscal general, el comisionado de agricultura y el director financiero del estado. Este consejo se encargaría de coordinar los esfuerzos de represión con las autoridades federales y distribuir 250 millones de dólares en subvenciones a las agencias encargadas de estas operaciones.
Esta iniciativa marca una nueva escalada en la política migratoria de Florida, bajo el liderazgo del gobernador Ron DeSantis, quien se ha destacado en los últimos años por implementar medidas cada vez más restrictivas hacia los inmigrantes indocumentados.
Se espera que los votos finales sobre estos proyectos de ley se realicen este jueves, en un clima político especialmente tenso.