El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está dando la voz de alarma sobre la situación de los derechos humanos en Haití.
Solo en enero de 2024, más de 1,100 personas, la gran mayoría de las cuales eran inocentes y no estaban involucradas en los conflictos, fueron asesinadas, heridas o secuestradas.
Según un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, esta cifra también incluye cerca de 300 miembros de pandillas, más del triple que el número del año anterior.
La organización de la ONU también condena los actos de violencia contra mujeres y niñas perpetrados por pandillas armadas que están sembrando terror en varias partes del país.
“Las áreas controladas por las pandillas se han convertido en zonas de terror, donde los residentes son directamente atacados. Las pandillas continúan recurriendo a actos de violencia sexual contra mujeres y niñas, utilizando estas atrocidades para propagar el miedo y mantener su control sobre la población”, informa el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El organismo de la ONU también lamenta la violencia contra la población civil durante las protestas antigubernamentales que han estallado en todo el país. Entre enero y febrero, al menos 16 personas perdieron la vida y decenas más resultaron heridas en enfrentamientos con las fuerzas del orden.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos insta a tomar medidas urgentes para desplegar lo antes posible la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS). “La situación exige una respuesta concertada e inmediata para evitar un deterioro aún mayor”, advierte la organización.
Durante las protestas del 7 de febrero, dirigidas a exigir la salida del primer ministro de facto Ariel Henry, más de una docena de personas, incluidos cinco agentes de la Brigada de Seguridad de Áreas Protegidas (BSAP), fueron asesinadas por la Policía Nacional de Haití. Varios periodistas en varios departamentos del país también fueron maltratados por agentes de la PNH.
Estos movimientos de protesta reflejan el descontento generalizado entre la población con respecto a la incapacidad del primer ministro Ariel Henry, que lleva más de 30 meses en el cargo, para garantizar siquiera la seguridad básica de la población.