La antorcha sigue ardiendo entre el bar y la fiscalía de Cayes. En efecto, el jefe del Ministerio Público, el Sr. Ronald Richemond, en una carta de respuesta fechada el miércoles 22 de junio de 2022, reenvió al Colegio de Abogados de la 3ª ciudad del país, habiendo deseado oírle a través de su consejo disciplinario el viernes 24 de junio de 2022, en torno a los hechos y abusos que le son reprochados por el consejo del colegio.
48 horas antes de esta fecha, el comisario del gobierno Ronald Richemond, en respuesta a los abogados, calificó la carta de invitación del colegio de abogados de manifiestamente inelegante, sin olvidar mencionar que el comisario del gobierno es un abogado incompatible que ya no pertenece al Colegio de Abogados de Cayes, según el decreto del 29 de marzo de 1979, que regula la profesión de abogado”, escribió el Sr. Richemond.
Más adelante, el jefe del gobierno de Cayes indicó que no tiene intención de comparecer y, de hecho, no comparecerá ante la comisión disciplinaria del Colegio de Abogados de Cayes, como habrían deseado los abogados. Esto se debe a los defectos formales y de fondo que contiene su carta de invitación, dijo.
Cabe señalar que en la carta del Colegio de Abogados de Cayes, los remitentes negaron haber mencionado el título de comisario del gobierno a Ronald Richemond, dejando de considerar al destinatario en esta calidad. Por otro lado, el GC estaba bastante tranquilo, confiando en el apoyo inquebrantable de una buena parte de la población de Cayena y en las acciones que había emprendido contra las infracciones en su jurisdicción.
El GC de Cayes concluyó su carta indicando que estaba disponible para reunirse con los abogados en una nueva fecha para entablar conversaciones.
Hay que decir que, tras el largo paro laboral de los secretarios judiciales en todo el país durante los últimos meses, el asalto de los bandidos al Palacio de Justicia de Puerto Príncipe, ocupado desde el 10 de junio, y la flagrante impunidad que conlleva, los bloqueos en las jurisdicciones del Sur, en particular la de Cayes, se han sumado a la lista de males que aquejan al sistema judicial del país. En detrimento, por supuesto, de los encarcelados, que ni siquiera tienen la oportunidad de defender su caso o de comparecer ante un juez. En flagrante violación de sus derechos.