El programa de Donald Trump para la deportación masiva de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, pilar de su campaña electoral en las últimas elecciones presidenciales, ha sido considerado irrealizable por su propio jefe de fronteras, Tom Homan.
En intercambios confidenciales con políticos republicanos, el Sr. Homan expresó sus reservas, subrayando los considerables obstáculos financieros y logísticos que implicaría una iniciativa de este tipo.
Sus advertencias revelan el importante desfase existente entre la retórica del plan y las limitaciones prácticas de su aplicación.
Según fuentes próximas a las discusiones citadas por la CNN, el Sr. Homan dejó claro que los recursos necesarios para deportar a los millones de inmigrantes indocumentados a los que apunta el Sr. Trump son inexistentes.
Mientras que el presidente electo ha propuesto la cifra de 20 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, el Sr. Homan y sus equipos están elaborando una estrategia más realista, dirigida a entre 1 y 2 millones de personas para las fases iniciales del programa.
Esta estimación se ajusta más a las actuales limitaciones presupuestarias y de infraestructuras, admitió Tom Homan, según un artículo publicado por la CNN en su página web.
Los procedimientos de deportación en Estados Unidos ya movilizan recursos considerables, y la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) opera con medios limitados.
En la actualidad, la agencia cuenta con unos 6.000 agentes del orden y 40.000 camas en centros de detención, demasiado pocos para una campaña de deportación masiva.
El Sr. Homan ha declarado públicamente que, para aumentar significativamente la capacidad de deportación, el ICE necesitaría al menos duplicar sus recursos, incluyendo la adición de al menos 100.000 plazas de detención, lo que actualmente es muy difícil, si no imposible, dadas las limitaciones presupuestarias de la primera potencia mundial.
Los análisis financieros indican que deportar a un millón de personas al año costaría unos 88.000 millones de dólares, mientras que una operación de una década de duración podría requerir una inversión cercana al billón de dólares. Esta colosal carga para las finanzas públicas es tanto más problemática cuanto que los legisladores tratan actualmente de reducir el gasto federal.
Ante estas importantes limitaciones presupuestarias, parece difícil prever que los ambiciosos objetivos del Sr. Trump puedan alcanzarse sin cambios sustanciales.
A pesar de estos obstáculos evidentes, el equipo de Trump persiste en defender su programa de deportaciones masivas como parte fundamental de su mandato presidencial. Los funcionarios de la campaña siguen insistiendo en la determinación de la administración de combatir la inmigración ilegal y deportar a las personas consideradas una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública. Sin embargo, las comunicaciones privadas del Sr. Homan con los legisladores sugieren un enfoque más matizado, que favorece una priorización de la aplicación de la ley y una asignación pragmática de los recursos, según reveló la CNN.
Las restricciones impuestas por las actuales políticas migratorias constituyen un obstáculo adicional.
En virtud de las actuales resoluciones de financiación del gobierno, el ICE debe operar dentro de los parámetros presupuestarios establecidos por el Congreso. Esto deja poco margen para la expansión masiva que requiere un programa de deportación a gran escala. Los parlamentarios están tomando conciencia gradualmente de estas limitaciones, y algunos expresan su preocupación por la obtención de financiación adicional a corto plazo.
Los republicanos electos, muchos de los cuales hicieron campaña con promesas de reforma migratoria y refuerzo de las fronteras, se enfrentan ahora a los retos prácticos de convertir estas promesas en políticas viables.
Los debates internos revelan que, si bien las deportaciones pueden comenzar a pequeña escala, la plena realización del plan de Trump requeriría una revisión sin precedentes del actual sistema de aplicación de las leyes de inmigración, lo que es prácticamente imposible por ahora y para la próxima década, según los expertos en inmigración.
Algunos miembros del Partido Republicano se muestran optimistas respecto a las primeras iniciativas de la administración, en particular las órdenes ejecutivas, considerándolas una fuerte señal de su compromiso con la lucha contra la inmigración ilegal.
Algunos incluso sostienen que estas operaciones iniciales de deportación podrían animar a los inmigrantes ilegales a abandonar el país voluntariamente. Sin embargo, esta perspectiva optimista no tiene en cuenta la magnitud de los obstáculos logísticos, jurídicos y presupuestarios que hay que superar.
Mientras continúan las conversaciones entre legisladores y representantes del gobierno, la persistente incertidumbre sobre la financiación sigue siendo un obstáculo importante. Ante la inminencia de los plazos presupuestarios del gobierno, los parlamentarios tienen que elaborar compromisos que equilibren la responsabilidad fiscal con los objetivos administrativos. La mayoría de ellos reconoce que la ausencia de medidas concretas comprometería la credibilidad de su gobierno.
A estas alturas, el programa de deportaciones masivas de Trump conserva su fuerza retórica, pero su aplicación choca con un escepticismo creciente. El claro desfase entre las promesas electorales y las limitaciones administrativas pone de relieve la complejidad inherente a la aplicación de las leyes migratorias estadounidenses. La capacidad de la nueva administración para superar estos obstáculos sigue siendo incierta, y muchos cuestionan la viabilidad de esta controvertida propuesta.
Durante su campaña electoral, Donald Trump prometió deportar a todos los inmigrantes indocumentados. Se centró en particular en los ciudadanos de determinados países, incluidos los haitianos, que fueron un elemento central de su campaña.
En los momentos finales de su carrera hacia la Casa Blanca, lanzó ataques racistas contra los haitianos que vivían en Springfield, Ohio, acusándoles de comerse a las mascotas de la ciudad.
Deportación masiva de inmigrantes en Estados Unidos: una promesa inviable, admite Tom Homan, futuro responsable de fronteras
