El prestigioso diario de Florida Miami Herald hizo pública esta información en un artículo publicado en su página web el miércoles 15 de febrero.
En este artículo, firmado por la periodista Jacqueline Charles, el periódico revela que un grupo de senadores estadounidenses, entre los que se encuentra el republicano de Florida Marco Rubio, está reintroduciendo un proyecto de ley que perseguiría a las bandas criminales de Haití y a aquellos del sector político y privado del país que colaboran con ellas. El proyecto de ley se denomina Ley de Transparencia de la Colusión Criminal en Haití de 2022. Prevé, según el periódico, sanciones severas en virtud de la Ley Magnitsky de Responsabilidad por los Derechos Humanos, la presentación de informes anuales sobre la naturaleza y el alcance de la violencia de las bandas en Haití, los vínculos entre las élites políticas y empresariales haitianas y las bandas criminales, y el acceso público a esta información.
La legislación fue presentada por primera vez en la última sesión de la Cámara de Representantes por la demócrata de Florida Val Demings, que perdió su intento de desbancar a Rubio en las elecciones al Congreso del estado en noviembre. Aunque el proyecto de ley se basa en la legislación existente, su objetivo es obligar a Estados Unidos a ampliar sus esfuerzos para perseguir a las bandas criminales de Haití y a sus patrocinadores, que no han seguido el ritmo de los esfuerzos similares del gobierno canadiense, dijo un miembro del personal del Congreso.
También es una oportunidad para que el periódico recuerde que desde noviembre de 2022 el gobierno canadiense ha sancionado a 15 ciudadanos, entre ellos el ex presidente Michel Martelly y los ex primeros ministros Jean-Henry Céant y Laurent Lamothe, así como a varios empresarios prominentes por su presunto apoyo a bandas armadas en Haití.
Marco Rubio presiona a Whasington para que haga más
El senador por Florida Marco Rubio, uno de los impulsores del proyecto de ley en el Congreso estadounidense, está instando al gobierno de Biden a que actúe. En una declaración al periódico de Florida, el congresista afirmó que
“La administración Biden ya tiene la autoridad ejecutiva para aplicar sanciones selectivas con el fin de que los violadores de los derechos humanos rindan cuentas de sus actos corruptos. Sin embargo, la administración debe ir más allá”.
Temiendo las consecuencias de la inestabilidad de Haití sobre el propio país, la estabilidad de la región y la de su estado natal, Florida, Marco Rubio lamenta que “el pueblo haitiano lleva mucho tiempo sufriendo las penurias de la violencia de las bandas, que siguen amenazando su vida cotidiana y apoyando a funcionarios corruptos del gobierno”. En su opinión, “Estados Unidos y la comunidad internacional deben exigir responsabilidades a estos malos actores como primer paso para resolver la compleja crisis de la isla”.
Una propuesta apoyada por los demócratas
Marco Rubio, uno de los principales republicanos de su estado, no es el único defensor de esta legislación. De hecho, la propuesta está copatrocinada en el Senado por Bob Menéndez, el demócrata de Nueva Jersey que preside la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Tim Kaine, demócrata de Virginia, y el republicano Ted Cruz, de Texas, así como por el demócrata de Nueva Jersey Cory Booker, escribe Jacqueline Charles.
El proyecto de ley no sólo exige sanciones. También exige que el Departamento de Estado investigue y proporcione al Congreso informes anuales sobre la naturaleza de la relación entre las bandas criminales y las élites políticas y económicas de Haití, señala el periódico Miami Herald, argumentando que “estos informes estarían a disposición del público en la página web del Departamento de Estado”.
Jacqueline Charles recuerda en su ponencia que en 2022 el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había exigido por ley informes al Departamento de Estado para informar a los legisladores del Congreso sobre la actual crisis de gobernabilidad en Haití, los individuos en los actos de corrupción y los acontecimientos que rodearon la masacre de 2018 en el barrio de La Saline de Puerto Príncipe, así como la investigación en curso sobre el asesinato del presidente Jovenel Moïse.
Cuando finalmente se publicaron los informes, los críticos señalaron que no eran muy detallados, señalando que el informe sobre el asesinato del presidente Jovenel Moïse solo tenía unas pocas páginas y que el informe sobre la corrupción era esencialmente un clip de informes de los medios de comunicación, sin indicios de una investigación independiente por parte de las autoridades estadounidenses.
Entre la expectación y el optimismo
“A medida que la situación en Haití sigue descontrolándose, me enorgullece volver a presentar esta legislación bipartidista para que las bandas criminales de Haití, sus financiadores y sus apoyos políticos rindan cuentas”, declaró Menéndez en declaraciones citadas por el diario de Florida.
“Mientras el pueblo haitiano se enfrenta a una crisis política, humanitaria y de seguridad, las bandas criminales -y quienes las apoyan- siguen perpetrando abusos horribles, como asesinatos de civiles y actos atroces de violencia sexual con impunidad. Con el futuro de Haití en juego, los responsables de estos crímenes deben afrontar las consecuencias, independientemente de su estatus”. Kaine afirmó que las sanciones impuestas el año pasado por la administración Biden contra las bandas eran un paso necesario. “Esta legislación pondrá al descubierto los vínculos entre estos individuos que perpetran una violencia incalificable contra el pueblo haitiano y las poderosas figuras públicas que despliegan estas bandas para su propio beneficio”, afirmó. “Proporcionará una herramienta importante para la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia para el pueblo haitiano”.
Hay que decir que esta propuesta de ley de los senadores estadounidenses de todas las tendencias se produce en un contexto de creciente inseguridad en Haití. Cada día se registran varios actos de secuestro, y las carreteras nacionales han dejado de ser accesibles, con consecuencias negativas para la subida de los precios de los productos de primera necesidad y la libre circulación de bienes y personas.
Pierre Philor Saint-Fleur