Mientras el presidente electo Donald Trump se prepara para tomar posesión de su cargo, la reforma de la inmigración ocupa un lugar destacado en el debate nacional y atrae la atención mundial.
Según un artículo publicado por Fox News, aproximadamente 1,4 millones de inmigrantes indocumentados que residen actualmente en Estados Unidos han recibido órdenes de deportación pero permanecen en el país. La administración entrante de Trump ha anunciado planes de deportaciones masivas, con especial atención a los indocumentados con antecedentes penales.
Según el medio conservador de extrema derecha FoxNews, los jueces federales de inmigración han ordenado a alrededor de 1,4 millones de personas que abandonen Estados Unidos. De ese gran número, sólo unas 13.000 están actualmente bajo custodia del Servicio de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos (ICE), reveló Fox News.
Un alto funcionario estadounidense, en declaraciones al medio de comunicación, señaló: «A pesar del número relativamente pequeño de detenidos, una proporción significativa sigue residiendo ilegalmente en el país, haciendo caso omiso de sus órdenes de deportación.»
Estos datos estadísticos incluyen a las personas cuyos procedimientos de inmigración han finalizado, aunque es posible que algunas aún estén interponiendo recursos legales. «Estas cifras representan casos acumulados a lo largo de varios años y diferentes periodos administrativos, lo que refleja el proceso continuo de órdenes de expulsión y deportaciones subsiguientes», dijo el funcionario.
Cabe señalar que estas cifras excluyen a las personas indocumentadas detenidas en instalaciones estatales o locales, ya que no se dispone de datos completos de estas jurisdicciones.
En una entrevista reciente con FoxNews Digital, Dawn Buckingham, Comisionada del Territorio de Texas, esbozó el enfoque proactivo del estado para apoyar los esfuerzos federales de deportación. Texas ha propuesto asignar más de 1.400 acres de tierra en la región del Valle del Río Grande para facilitar estas acciones de aplicación de la ley.
La región del Valle del Río Grande, situada a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, ha sido históricamente una zona crucial para las operaciones de control de la inmigración. La asignación de tierras por parte de Texas demuestra su firme compromiso de apoyar y reforzar las medidas federales de control de la inmigración.
La estrategia de deportación masiva propuesta ha encontrado una importante resistencia en diversos municipios e instituciones. Más recientemente, Los Ángeles adoptó oficialmente una ordenanza de ciudad santuario, desafiando directamente la agenda de inmigración del presidente electo. Fox News informa de que esta medida impide explícitamente el uso de recursos municipales para actividades federales de aplicación de la ley de inmigración.
En una línea similar, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles se ha declarado distrito santuario, aplicando políticas que impiden al personal cooperar voluntariamente con las autoridades de inmigración o revelar el estatus migratorio de los estudiantes.
Muchas otras ciudades lideradas por demócratas han adoptado políticas similares para impedir que el gobierno federal se dirija injustamente a sus ciudadanos.
El ICE ha expresado regularmente su frustración por las políticas de no cooperación de las jurisdicciones santuario. Según FoxNews, «las autoridades de inmigración han criticado repetidamente a las ciudades santuario por socavar los esfuerzos de aplicación de la ley, particularmente en los casos en que los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales cometen delitos adicionales después de ser liberados de las jurisdicciones locales.»
Durante su campaña y transición presidencial, Trump enfatizó constantemente el compromiso de su administración de priorizar la deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales. Como informó Fox News, «el presidente electo Trump ha prometido implementar deportaciones masivas, centrándose inicialmente en los inmigrantes indocumentados criminales tan pronto como asuma el cargo el 20 de enero.»
Este enfoque estratégico se alinea estrechamente con la defensa de larga data del Partido Republicano de una aplicación más estricta de la inmigración y los protocolos de seguridad nacional. Sin embargo, la política se dirige principalmente a grupos específicos procedentes de determinados países latinoamericanos y de México.
Aunque los líderes republicanos y los funcionarios estatales, especialmente en Texas, han expresado su firme apoyo a las iniciativas de deportación de la administración, el plan se enfrenta a importantes retos operativos, sociales y económicos. Llevar a cabo deportaciones a esta escala requiere enormes recursos, una compleja coordinación interinstitucional y una importante cooperación entre las jurisdicciones estatales y locales, y las ciudades santuario representan un gran obstáculo para estos esfuerzos.
Dentro de las comunidades de inmigrantes, incluidas las poblaciones haitianas, la posibilidad inminente de deportaciones masivas ha generado ansiedad e incertidumbre generalizadas. Muchas familias están explorando activamente vías legales para asegurar su estatus de residencia o están considerando mudarse a estados que ofrecen mejor protección a los inmigrantes.
La población haitiana constituye una proporción significativa de residentes sin permiso legal para vivir en Estados Unidos. Tras las devastadoras catástrofes naturales, en particular el terremoto de 2010, se produjo una afluencia significativa de personas en busca de seguridad y oportunidades económicas. Si bien programas como el DED (Deferred Enforced Departure) y el TPS (Temporary Protected Status) han ofrecido un alivio temporal, los esfuerzos previos de la administración Trump para poner fin al TPS para los haitianos han creado considerables dificultades para muchos miembros de la comunidad.
Bajo la agenda de aplicación de inmigración intensificada de Trump, los inmigrantes haitianos indocumentados son particularmente vulnerables, especialmente aquellos sujetos a órdenes de deportación existentes.
La mera escala de la iniciativa de deportación, combinada con la resistencia de las jurisdicciones santuario, subraya la naturaleza profundamente divisiva de la política migratoria estadounidense. Las marcadas diferencias entre los enfoques de los gobiernos federal y locales reflejan las tensiones persistentes entre los objetivos de seguridad nacional y la protección de las comunidades de inmigrantes.
Para los inmigrantes haitianos en concreto, estas políticas podrían tener un profundo impacto en su capacidad para mantener la residencia en Estados Unidos, acceder a servicios esenciales y preservar importantes lazos familiares y comunitarios. Las organizaciones de apoyo siguen prestando asistencia y asesoramiento jurídicos cruciales, haciendo hincapié en la importancia de conocer los derechos y las opciones legales.
Este análisis se basa en información facilitada por Fox News. Los lectores pueden acceder al artículo completo a través de este enlace: https: //www.wwlp.com/news/local-news/hampshire-county/ice-takes-one-person-into-custody-in-northampton-local-and-state-officials-say-this-is-not-a-part-of-mass-deportation/