La Oficina de Seguimiento del Acuerdo de Montana (BSA Montana) hace sonar la alarma sobre la necesidad de aplicar sanciones no sólo contra los actores de la clase política haitiana, sino también contra los de la clase económica implicados en la delincuencia en el país.
En una nota fechada el 30 de noviembre de 2022, cuya copia fue enviada a ZoomHaitiNews, el BSA Montana, fijando su posición sobre la evolución de la crisis en el país y las sanciones internacionales contra los actores políticos haitianos, describe lo que considera la incapacidad, la incompetencia y la falta de voluntad del gobierno dirigido por el primer ministro de facto Ariel Henry para hacer frente a la crisis en el país.
El BSA Montana denuncia el desprecio y el silencio del gobierno de Haití ante el hecho de que las autoridades dominicanas pisoteen los derechos de los migrantes haitianos, pasando por encima de los convenios bilaterales e internacionales. Sin mover un dedo en favor de los compatriotas que están siendo masacrados en la República vecina, la nota del BSA subraya que las autoridades haitianas han preferido dirigir la represión contra la sociedad civil en la zona fronteriza.
El BSA añade también que la creciente inseguridad en el país, agravada por los atroces asesinatos, es en gran medida el resultado de la impunidad, argumentando que no se ha abierto ninguna investigación judicial seria ni se han realizado detenciones al respecto. La nota del BSA llega a suponer que el grado de impunidad parece ser una forma de complicidad entre el gobierno de turno y los delincuentes.
El BSA recuerda que el Acuerdo de Montana, firmado el 30 de agosto de 2021, consagra la lucha contra la impunidad como uno de los elementos fundamentales de su planteamiento estratégico para el establecimiento de lo que denomina la transición de la ruptura.
La nota añade que es necesario despenalizar la vida política y económica del país, lo que, añade, permitirá afrontar mejor el problema de la inseguridad. << Para ello, es necesario que los actores sociales y políticos representativos lleguen a un consenso dirigido a cambiar la dirección política al más alto nivel del Estado y a adoptar todas las medidas necesarias para el funcionamiento de la justicia, tal y como se requiere>>.
Basándose en el papel que también ha desempeñado la comunidad internacional en el colapso del Estado y en el hundimiento de la economía del país, el BSA Montana, al igual que otros organismos, pide a los distintos países que adopten medidas para castigar indiscriminadamente a todos los actores políticos que identifiquen como cómplices de las bandas o culpables de cualquier otra fechoría. Pero no sólo eso.
El BSA llama la atención sobre el hecho de que la atención no debe centrarse únicamente en los actores políticos haitianos. Este es un primer paso, pero las sanciones deben afectar también a todos los actores de la clase económica. En este sentido, citando la Resolución 2653 del Consejo de Seguridad de la ONU adoptada en octubre de 2022, a raíz de la cual los Estados Unidos de América y Canadá habían anunciado sanciones únicamente contra los actores políticos haitianos, el BSA Montana pide a los gobiernos americano y canadiense que consideren también a los actores económicos, no sin basarse en pruebas jurídicas sólidas.
<<Estas sanciones no deben utilizarse como medio de presión para dirimir cuestiones políticas con compatriotas de buena reputación y que defienden los derechos e intereses del país>>, escribe el BSA, que añade que deben tomarse más medidas para que el país se enfrente al tráfico ilegal de armas, municiones, drogas, órganos y trata de personas.
El BSA sigue promoviendo la llamada transición de la ruptura, que, según los firmantes de la nota, es la única capaz de reformar el sistema judicial del país, que debe hacerse cargo de los diferentes expedientes judiciales con el fin de castigar, según la ley, a los autores intelectuales y físicos de los delitos financieros y de sangre, que siembran el dolor en las familias en particular y en la población en general.
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