El gobierno dominicano ha intensificado su ofensiva contra la inmigración ilegal, deportando a más de 276.000 haitianos en 2024, según datos oficiales citados por la CNN.
La oleada de deportaciones, descrita como uno de los mayores esfuerzos de aplicación de la ley en la historia reciente de la región, ha suscitado un gran debate sobre los derechos humanos y la cooperación regional.
La iniciativa, puesta en marcha bajo la dirección del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa del país y dirigida por el presidente Luis Abinader, pretende deportar hasta 10.000 haitianos indocumentados cada semana.
En los últimos tres meses de 2024, más de 94.000 personas fueron deportadas, cerrando un año marcado por un aumento constante de las deportaciones: 48.344 en el primer trimestre, 62.446 en el segundo y 71.414 en el tercero, informó la CNN.
Los funcionarios del gobierno defienden la operación como una medida necesaria para gestionar lo que describen como un creciente desequilibrio en los flujos migratorios.
«Nos enfrentamos a un exceso de migrantes haitianos en nuestro territorio», dijo el portavoz del gobierno Homero Figueroa en una conferencia de prensa en octubre.
Sin embargo, esta política ha sido duramente criticada.
El ex ministro haitiano de Asuntos Exteriores, Dominique Dupuy, condenó las deportaciones, calificándolas de «brutales» y «actos deshumanizadores» contra los ciudadanos haitianos. Pidió al gobierno dominicano que mostrara justicia y fuera más responsable de sus actos.
Desde entonces, Dominique Dupuy ha sido destituida por el Collège présidentiel de transition, que la ha sustituido por Arvel Victoir. Arvel Victoire no ha hecho ningún comentario sobre la represión sistemática de los haitianos por parte de las autoridades dominicanas. También se acusa a las autoridades de practicar una política racista en sus deportaciones masivas. Muchas personas son deportadas simplemente por el color de su piel.
Se han denunciado varios casos de ciudadanos sin ninguna relación con Haití. Un ciudadano estadounidense que viajaba por la República Dominicana fue duramente golpeado por agentes de policía que lo confundieron con un haitiano e intentaron deportarlo. Otro incidente afectó a un veterano del ejército estadounidense de origen haitiano, que también fue agredido por la policía dominicana.
Las escenas de vehículos de deportación abarrotados, captadas por medios de comunicación como Reuters, han avivado las críticas de las organizaciones de derechos humanos.
Aunque las autoridades han asegurado que las expulsiones se están llevando a cabo respetando los derechos humanos, los grupos de ayuda se han movilizado a lo largo de la frontera haitiana para prestar asistencia inmediata a los deportados, muchos de los cuales llegan en situación de indigencia y vulnerabilidad.
Las expulsiones masivas se producen en un contexto de crisis política y social cada vez más profunda en Haití. Las bandas controlan ahora más del 80% de Puerto Príncipe, dejando a muchos deportados en condiciones peligrosas e inestables a su regreso.
Los dirigentes dominicanos persiguen una política migratoria similar a la prometida por Donald Trump. Se adelantan incluso al líder del movimiento MAGA al haber adoptado una enmienda constitucional que suprime el derecho a la tierra. Esta enmienda, que tiene efecto retroactivo, ha provocado la desnacionalización de miles de dominicanos de origen haitiano, incluso de aquellos que nunca han vivido en Haití.
El derecho a la protección de las personas que buscan refugio en países extranjeros está garantizado por leyes y tratados internacionales. Sin embargo, estos textos rara vez se respetan en el caso de los haitianos en la República Dominicana.
República Dominicana deportará a más de 276.000 haitianos en 2024, lo que suscita preocupación por los derechos humanos
