Pasados cinco años y dos meses de la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Farc, la Corte Constitucional encontró que la situación de seguridad de los excombatientes es tan crítica, por cuenta de amenazas, hostigamientos y homicidios, que se trata de una vulneración estructural de los derechos a la vida y la integridad personal de esta población.
Una violación masiva que afecta a todas las personas que se comprometieron a dejar las armas para dar el paso a la vida civil, que deben ser objeto de protección por el Estado colombiano.
La decisión del alto tribunal declaró el estado de cosas inconstitucional (ECI) por el bajo cumplimiento del punto del acuerdo relacionado con las garantías de seguridad de los firmantes de la paz.
Se trata de una figura creada por la propia Corte, que si bien ha sido usada al menos en 13 ocasiones, en asuntos claves como la crisis carcelaria, el desplazamiento forzado y la niñez wayú, implica que la implementación de este punto del acuerdo estará bajo la vigilancia del alto tribunal, vinculando no solo al gobierno de Iván Duque sino al que sea elegido en los próximos meses.
Lo que está en juego no solo es la vida de los firmantes de un acuerdo de paz logrado después de 50 años de conflicto, de sus familias y de los integrantes del partido Comunes, sino la confianza en el proceso que incluye igualmente que quienes incurrieron en graves crímenes rindan cuentas ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
“La firma del acuerdo final de paz atribuyó a las autoridades estatales la obligación de garantizar a la población signataria las mínimas condiciones para llevar una existencia libre de necesidades apremiantes, estigmatizaciones, humillaciones y violencia”, sentenció la…