La representante Maria Elvira Salazar, congresista republicana del sur de Florida, ha solicitado a la administración Trump que proteja a ciertos migrantes de la deportación.
Su petición se centra principalmente en personas de América Latina y el Caribe que ingresaron legalmente a los Estados Unidos bajo el programa de parole humanitaria de la administración Biden y que no tienen antecedentes penales.
Salazar envió una carta al Secretario Interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Benjamine Huffman, destacando la necesidad de proteger a estos migrantes hasta que se resuelvan sus casos legales. “Insto encarecidamente a que todos los cubanos admitidos bajo el programa CHNV y que sean elegibles o tengan solicitudes pendientes bajo la Ley de Ajuste Cubano sean protegidos de la deportación hasta que sus casos se resuelvan completamente”, escribió Salazar, según The Hill.
La administración Biden implementó el programa CHNV (Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela) en enero de 2023, permitiendo a los migrantes de estas naciones permanecer legalmente en los Estados Unidos durante dos años.
Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection), más de 530,000 personas se habían beneficiado de este programa para finales de 2024. Sin embargo, el presidente Trump revocó esta iniciativa en su primer día en el cargo, cumpliendo con su promesa de campaña de endurecer la aplicación de las leyes de inmigración e iniciar lo que él describió como el mayor esfuerzo de deportación en la historia de Estados Unidos.
A pesar de sus críticas sobre la implementación inicial del programa, Salazar argumentó que los migrantes ya inscritos deberían ser autorizados a permanecer mientras sus casos se procesan. “Aunque el presidente Biden creó este programa sobre fundamentos legales cuestionables y sin un plan para el futuro de las personas involucradas, estas fueron inscritas en los programas que se les ofrecieron”, señaló en su carta, según The Hill.
La administración Trump amplió los poderes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para deportar migrantes, incluidos aquellos que llegaron a través de la iniciativa de parole humanitaria de Biden. ICE informó de 593 arrestos bajo estas nuevas directrices.
El distrito de Salazar, que alberga a muchos inmigrantes cubanos y venezolanos, se ve directamente afectado por estos cambios en la política migratoria, que ella describió como cruciales para sus electores. Además, varios líderes empresariales de Florida han comenzado a expresar su preocupación por una disminución drástica en la fuerza laboral debido a las políticas extremas de inmigración de Donald Trump.
El llamado de Salazar pone de manifiesto el delicado equilibrio entre la aplicación de las leyes de inmigración y las preocupaciones humanitarias, especialmente para las personas que ingresaron legalmente y cumplieron con las directrices del programa.