Hace tres veranos, una de las noticias en Uruguay era que la primera quincena de enero había estado marcada por las denuncias de delitos sexuales. Sólo en los primeros 13 días de aquel 2019, el Ministerio del Interior (MI) había recibido 39. Uno de esos casos era el de la violación grupal que denunció una mujer en un camping de Valizas, cuyo proceso judicial terminó con la absolución de los acusados en una sentencia sin perspectiva de género que fue ratificada por un tribunal de apelaciones. No fue la única denuncia de violación en grupo que acaparó la atención mediática en el país: en 2014, también en verano, una mujer denunció la misma forma de agresión sexual en el camping de Santa Teresa, un caso que terminó archivado.
La historia se vuelve a repetir, esta vez en Montevideo. Hace menos de dos semanas, una mujer denunció una violación grupal en el barrio Cordón. El caso, que todavía está en etapa de investigación, generó indignación en distintos sectores de la sociedad e incluso el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, pidió un “castigo ejemplarizante” para los varones acusados. El mandatario también aseguró que este tipo de situaciones “no son propias del ser humano ni del género masculino”, en declaraciones que fueron cuestionadas por organizaciones feministas. Los feminismos no sólo repudiaron la violación grupal, sino que además criticaron la cobertura mediática del caso que, una vez más, puso en duda el relato de la víctima. Porque, como ratificaron académicas feministas consultadas por la diaria, las mujeres nunca son tan cuestionadas como cuando denuncian haber sido sometidas a situaciones de violencia sexual.
Unos pocos días después de que se diera a conocer el hecho, mujeres y disidencias autoconvocadas llamaron a una movilización nacional “contra la cultura de la violación”. Mientras la organizaban, se hicieron públicas otras denuncias de violencia sexual ocurridas esa semana. No…