207: éste es el número exacto de personas asesinadas por la banda Micanor en Wharf Jérémie, un barrio de Cité Soleil, al norte de Puerto Príncipe.
La masacre se produjo entre el 6 y el 11 de diciembre de 2024.
Entre las víctimas había 134 hombres y 73 mujeres, en su mayoría ancianos acusados de practicar el vudú y de provocar la enfermedad del hijo del líder de la banda, conocido como Rey Micanor.
Estas cifras fueron hechas públicas por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en un informe publicado el 23 de diciembre de 2024.
En su informe sobre la masacre de la banda Micanor en Wharf Jérémie, la BINUH reveló que otras víctimas fueron asesinadas mientras intentaban huir de la zona o porque se sospechaba que habían filtrado información sobre estos crímenes a los medios de comunicación locales.
Las víctimas vivían en cinco zonas distintas del barrio de Wharf Jérémie. Fueron rastreadas hasta sus casas y un lugar de culto antes de ser llevadas al bastión de la banda, donde fueron detenidas en un «centro de entrenamiento» y luego trasladadas a un lugar de ejecución, según el informe de la BINUH y la OACDH.
Las víctimas eran tiroteadas y cortadas con machetes, después sus cuerpos eran quemados, desmembrados o arrojados al mar para borrar cualquier prueba, revela el informe. Estos actos sugieren una planificación meticulosa por parte de la banda, que ha convertido la zona en un teatro del terror, deploró el Representante Especial del Secretario General de la ONU en Haití.
El informe también señalaba que más de 5.350 personas han muerto por disparos de bandidos armados desde principios de este año. Otras 2.155 han resultado heridas como consecuencia de la violencia perpetrada por bandas, grupos parapoliciales e individuos no organizados.
Desde 2022, esta violencia ha causado más de 17.000 muertos y heridos, informó la BINUH, señalando que la banda Wharf Jérémie, activa desde 2022, intenta controlar las carreteras que conducen al principal puerto de la capital y a su terminal de contenedores.
María Isabel Salvador hizo un llamamiento al gobierno para que tome todas las medidas necesarias para que este crimen, uno más, no quede impune.
«No podemos hacer como si no hubiera pasado nada. Hago un llamamiento a la justicia haitiana para que investigue a fondo estos horribles crímenes, detenga a sus autores y castigue a quienes los apoyan. También insto a las autoridades a que establezcan lo antes posible una unidad judicial especializada que se ocupe de este tipo de delitos.»
El muelle Jérémie ha estado durante mucho tiempo fuera del control de las autoridades policiales y judiciales, lo que ha permitido a las bandas actuar con impunidad. Sin embargo, el 12 de diciembre, el Primer Ministro haitiano ordenó al Ministro de Justicia y al Jefe de la Policía Judicial que movilizaran todos los recursos necesarios para detener a los responsables de estas atrocidades, recordó el BINUH. Pero el gobierno ha tomado muy pocas medidas concretas para frenar la violencia en la que está sumido el país.
El líder de esta banda también impone impuestos a las empresas que operan en la zona y actúa como intermediario para los actores nacionales e internacionales que pretenden intervenir en la región, reveló el Alto Comisionado de la ONU en su informe sobre la situación de la seguridad en Haití.
Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, subrayó la necesidad urgente de reforzar la policía y las instituciones estatales haitianas, paralizadas por la corrupción y la impunidad. También pidió la aplicación de medidas internacionales, como embargos de armas selectivos y congelación de activos, para reducir la influencia de las bandas.
El Alto Comisionado también pidió una respuesta rápida y coordinada de las autoridades haitianas y de la comunidad internacional para proteger a la población local y restablecer el Estado de derecho.