Caso Micolta. Un hombre es condenado a 14 años de cárcel por matar en San Fernando a una mujer con la que había iniciado una relación sólo dos meses atrás. La asfixió con una almohada en su propia casa y abandonó el cadáver, que no fue hallado hasta un mes después. Antes del crimen, la maltrató. La agarró del cuello hasta cortarle la respiración y provocarle un derrame en el ojo. Ella lo denunció a la Policía pero él acabó matándola.
Crimen de Chiclana. Una mujer asesina a su marido tras golpearle la cabeza con un rodillo de amasar. La Audiencia de Cádiz la condena a 18 años de prisión tras considerar probado que la mujer esperó a que su esposo estuviese dormido para atacarlo, primero con el rodillo y después, con un cuchillo, con el que le atravesó el cuello hasta alcanzarle la lengua.
Caso de las Casitas Bajas de Jerez. Un hombre es condenado a seis años y cinco meses por matar a una mujer y después arrojar su cuerpo a un contenedor de basuras.
Todos estos asuntos han sido juzgados recientemente en la Audiencia Provincial de Cádiz por jurados. En cada uno de ellos, los miembros del tribunal popular han apreciado distintas atenuantes -confesión, arrebato, reparación del daño, drogadicción- que han dado lugar a penas de cárcel muy dispares que, a su vez, han disparado el eterno debate sobre si las condenas impuestas a los homicidas son lo suficientemente elevadas. El Código Penal entra en el punto de mira del ciudadano, que puede llegar a apreciar cierta flexibilidad cuando quiere dureza. ¿O es venganza?
Tras un juicio, es habitual escuchar o leer comentarios en los que se pide Justicia, lo que traducido significa “que te pudras en la cárcel”. Las personas que cometen delitos violentos, de sangre, provocan nuestro más absoluto desprecio y rechazo, todo castigo nos parece poco. Es inevitable. Pero esas apreciaciones, según Juan Terradillos, profesor emérito y catedrático de Derecho Penal en la Universidad de…
