El liderazgo demócrata y los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes se están preparando para una importante confrontación legal y política en respuesta a la estrategia de deportación masiva propuesta por Donald Trump para su posible presidencia, según informa ABC News.
Trump ha anunciado en repetidas ocasiones su intención de ejecutar lo que describe como «la mayor operación de deportación» de la historia de Estados Unidos, reafirmando recientemente este compromiso. A través de su plataforma Truth Social, Trump indicó su disposición a declarar una emergencia nacional y desplegar recursos militares para cumplir esta promesa.
Los defensores de la inmigración y los fiscales generales demócratas están desarrollando activamente desafíos legales para contrarrestar las iniciativas de deportación propuestas.
El fiscal general de California, Rob Bonta, ha articulado la preparación de su estado, declarando: «Habrá dolor y daño infligido por él. No todo es evitable, pero para llegar a nuestras comunidades de inmigrantes de formas que violan la ley, van a tener que pasar por mí, y les pararemos los pies en los tribunales utilizando las herramientas legales que nos han sido dadas.»
Destacando las victorias legales previas de California contra las órdenes ejecutivas de inmigración de la era Trump, Bonta señaló una tasa de éxito del 80% en los desafíos judiciales. El estado ya ha preparado escritos legales que abordan temas cruciales, incluidas las deportaciones masivas, la ciudadanía por derecho de nacimiento, la protección de DACA y las políticas de ciudades santuario, posicionándose para una respuesta rápida a las nuevas políticas, según una historia publicada por ABC News.
El presidente de la Asociación de Fiscales Generales Demócratas, Sean Rankin, hizo hincapié en el enfoque unificado entre los 24 fiscales generales estatales demócratas para desafiar la agenda de inmigración de Trump, afirmando: «Cuando nos fijamos en la inmigración, sabemos que eso es algo de lo que el presidente ha hablado una y otra y otra vez. En este momento, no estamos conectando puntos. Estamos siguiendo flechas intermitentes. Es muy fácil ver adónde van a ir».
Jurisdicciones santuario bajo amenaza
Las políticas de Trump apuntan específicamente a los estados y ciudades santuario, que brindan protección a los inmigrantes indocumentados al restringir la cooperación con la aplicación federal de inmigración. El zar de fronteras designado por Trump, Tom Homan, ha expresado una postura de confrontación hacia estas jurisdicciones, afirmando: «Será mejor que se quiten de en medio. O nos ayudan o quítense de en medio, porque el ICE va a hacer su trabajo».
El fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, se cuenta entre quienes están dispuestos a resistirse a estas medidas. Durante una reciente conferencia de prensa, Ferguson hizo referencia al exitoso historial de su oficina al revocar 55 políticas de la administración Trump entre 2017 y 2021. Sin embargo, advirtió que una segunda administración Trump podría presentar desafíos legales más sofisticados que la primera.
Posible uso de leyes militares y del siglo XVIII
La controvertida propuesta de Trump de utilizar fuerzas militares para operaciones de deportación ha provocado una intensa oposición de expertos legales y organizaciones de defensa. Lee Gelernt, quien se desempeña como subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, ha adoptado una postura firme en contra de estas posibles medidas, enfatizando su preparación para montar desafíos legales inmediatos. «Su intención de emplear recursos militares en virtud de la ley de enemigos extranjeros para deportaciones sumarias se enfrentará a nuestra oposición legal inmediata», afirmó Gelernt.
La posible invocación por parte de la administración de las centenarias Leyes de Extranjería y Sedición ha suscitado preocupaciones adicionales. Estas leyes históricas de tiempos de guerra podrían utilizarse para acelerar las deportaciones sin el debido proceso, una posibilidad a la que se oponen firmemente los grupos de defensa de la inmigración.
Está surgiendo una respuesta coordinada a escala nacional entre destacadas organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, como la ACLU y la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. Alina Das, codirectora de la clínica, describió sus amplios esfuerzos de preparación: «Hemos establecido una red de litigantes que están elaborando activamente estrategias y preparándose incluso para los escenarios más inéditos a medida que nos acercamos a los próximos cuatro años.»
Gelernt reflexionó sobre la evolución de su preparación, reconociendo que si bien los grupos de defensa fueron sorprendidos inicialmente desprevenidos durante el primer mandato de Trump, desde entonces han desarrollado estrategias de respuesta más sólidas y proactivas.
Impacto en los inmigrantes haitianos indocumentados
La comunidad de inmigrantes haitianos se enfrenta a implicaciones particularmente graves de estas deportaciones masivas propuestas. Muchos residentes haitianos indocumentados se plantean ahora tomar decisiones difíciles, como la posible reubicación en jurisdicciones santuario o la búsqueda de asilo en países vecinos como Canadá. Estas consideraciones subrayan la profunda ansiedad que invade a las poblaciones inmigrantes vulnerables.
Petición de apoyo internacional y nacional
Los líderes demócratas y las organizaciones de defensa de los inmigrantes están intensificando sus esfuerzos para construir una amplia coalición contra las medidas de inmigración propuestas por Trump. Su campaña en curso hace hincapié en las implicaciones de largo alcance de estas políticas para las comunidades de inmigrantes en todo Estados Unidos.
Para más información sobre este tema, lea el artículo original de ABC News.