El ICE apunta a tres ciudades a la semana para operaciones de deportación

Emmanuel Paul
Emmanuel Paul - Journalist/ Storyteller

La situación migratoria en Estados Unidos es cada vez más tensa a medida que las autoridades federales intensifican sus esfuerzos de deportación, creando fricciones con las ciudades santuario.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está desplegando ahora una estrategia ofensiva, concentrando sus operaciones de deportación masiva en tres ciudades estadounidenses cada semana. Según informaciones recogidas por NBC News, estas operaciones requieren el despliegue de agentes federales adicionales para maximizar su eficacia.

Esta semana, las operaciones se han llevado a cabo en Chicago y Nueva York, mientras que Aurora, en Colorado, es el próximo objetivo. Esta localidad cercana a Denver ya estuvo bajo escrutinio durante la presidencia de Trump, cuando fue acusada de albergar actividades delictivas vinculadas a una banda venezolana. Las autoridades locales, incluido el jefe de policía Todd Chamberlain, refutaron esas acusaciones, diciendo que «Aurora es una ciudad muy segura.»

Las operaciones actuales responden a las recientes directrices del Director en funciones del ICE, Caleb Vitello, que ha pedido a las oficinas locales que cumplan un ambicioso objetivo de 1.200 a 1.500 detenciones diarias.

Esta cuota incluye un aumento de las «detenciones colaterales», que implican la aprehensión de un gran número de inmigrantes sin antecedentes penales. Los inmigrantes legales representan alrededor de la mitad de las detenciones efectuadas por los agentes federales, sin que se conozca su destino posterior. Además, las autoridades indican que casi la mitad de los 1.200 inmigrantes aprehendidos durante las últimas operaciones dominicales no se consideraron detenciones delictivas. Estos nuevos métodos suscitan preocupación por su impacto en las comunidades locales y en los derechos de los migrantes.

Las ciudades santuario se enfrentan a las críticas del gobierno federal

Aunque las operaciones se concentran actualmente en tres ciudades principales, esto no excluye la posibilidad de intervenciones en otras aglomeraciones urbanas. A medida que el ICE intensifica sus acciones, las políticas de las ciudades santuario, creadas para ofrecer protección a los migrantes frente a las autoridades federales, están en el centro del debate.

James Comer, presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, ha puesto en marcha una investigación sobre estas políticas. Los alcaldes de Boston, Nueva York, Chicago y Denver han sido convocados al Capitolio para una audiencia prevista el 11 de febrero.

En correspondencia con la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, Comer criticó duramente las políticas de santuario por «contraproducentes y obstruccionistas», sugiriendo que comprometen la seguridad pública al limitar la eficacia de la aplicación de la ley federal. La ciudad de Boston, a través de su portavoz, rebatió enérgicamente estas acusaciones. Michele Wu defendió la Ley de Confianza de Boston, una legislación renovada en 2024 que restringe la colaboración entre las fuerzas policiales municipales y los funcionarios federales de inmigración. «Boston mantiene su estatus como la gran ciudad más segura de Estados Unidos, algo de lo que estamos orgullosos. Hemos revisado la carta y la estamos analizando», dijo el portavoz, según Boston25 News.

Las ciudades santuario, cuyas políticas limitan la cooperación entre las autoridades locales y el ICE, suelen percibirse como bastiones que protegen los derechos de los inmigrantes. Sin embargo, están siendo objeto de crecientes críticas por parte de las autoridades federales bajo la administración Trump, que argumenta que estas políticas comprometen la seguridad nacional.

Las recientes actuaciones del ICE y las controversias en torno a las ciudades santuario ilustran la creciente división en torno a la política migratoria estadounidense. Los defensores de las ciudades santuario subrayan la necesidad de proteger los derechos de los migrantes y la seguridad de la comunidad, mientras que los opositores abogan por una aplicación rigurosa de las leyes migratorias, argumentando que las políticas santuario socavan este objetivo.

A medida que se intensifican las operaciones de deportación, los debates sobre los derechos de los migrantes, la seguridad pública y la participación de los gobiernos locales en la aplicación de las leyes federales siguen siendo acalorados. Sin duda, estas complejas cuestiones seguirán configurando el panorama político y social en los próximos meses.

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