Un nuevo revés judicial ha surgido para el presidente de extrema derecha de los Estados Unidos.
Un juez federal emitió una suspensión de 48 horas sobre una controvertida directiva que buscaba congelar los fondos federales asignados a varios programas públicos. Esta iniciativa, comunicada a través de un memorando oficial, ha generado serias preocupaciones entre organizaciones sin fines de lucro y pequeñas empresas que dependen de estas subvenciones.
El juez del Tribunal de Distrito de EE.UU., Loren AliKhan, que preside en una corte federal en Washington, emitió la orden de restricción temporal tras una audiencia preliminar el martes.
Esta decisión busca detener la aplicación inmediata del congelamiento mientras continúan los procedimientos judiciales.
La demanda fue presentada por una coalición de organizaciones sin fines de lucro y pequeñas empresas, que argumentaron que la interrupción de los fondos tendría consecuencias devastadoras para cientos de miles de beneficiarios. Servicios esenciales como atención médica, apoyo a comunidades LGBTQ+ y asistencia a pequeñas empresas estarían en riesgo.
Según documentos judiciales, la suspensión de fondos también podría afectar programas que brindan apoyo a sobrevivientes de violencia doméstica, personas sin hogar y veteranos, así como iniciativas de prevención del suicidio y asistencia para familias de bajos ingresos, según The Independent.
Una directiva federal controvertida
La controversia gira en torno a un memorando firmado por Matthew Vaeth, director interino de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés). La directiva ordena a las agencias federales “pausar temporalmente” la entrega de fondos para varios programas. Estos incluyen ayuda internacional, iniciativas de diversidad y equidad, políticas ambientales como el Green New Deal y políticas relacionadas con la identidad de género.
La medida ha causado confusión y temor entre los beneficiarios de la ayuda federal. Muchas organizaciones han expresado preocupación por su impacto inmediato en infraestructura crítica, esfuerzos de emergencia, servicios de cuidado infantil y apoyo a comunidades vulnerables.
En respuesta, la Casa Blanca emitió un comunicado formal al Congreso para aclarar la orden. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó que la suspensión temporal busca garantizar que los fondos federales se asignen a iniciativas alineadas con las prioridades políticas del presidente.
Críticas al congelamiento como inconstitucional
Los opositores a la medida, incluidos varios legisladores demócratas, han condenado enérgicamente las acciones de la administración Trump. Argumentan que el congelamiento de fondos viola leyes federales que prohíben al poder ejecutivo retener fondos ya aprobados por el Congreso.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, describió la directiva como “inconstitucional y arbitraria”. Durante una conferencia de prensa, criticó a la administración por “pisotear la Constitución e ignorar la autoridad del Congreso”. Subrayó los riesgos que esta política representa para los servicios esenciales destinados a poblaciones vulnerables.
El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, también denunció la iniciativa, calificándola de “un robo a escala nacional”. Hablando en un evento en Washington, advirtió sobre las consecuencias devastadoras para los gobiernos locales, desde escuelas hasta departamentos de policía. “La administración Trump está robando a la clase media para beneficiar a los ultrarricos”, declaró.
Batallas legales por venir
Además de la suspensión temporal, se espera que pronto se presente una nueva demanda por parte de la fiscal general James, respaldada por otros 22 fiscales generales estatales. Esta acción legal busca detener de manera inmediata la orden presidencial, que podría poner en peligro miles de millones de dólares en fondos cruciales.
La decisión final del tribunal podría tener implicaciones de gran alcance, no solo para los beneficiarios de subvenciones federales, sino también para definir los límites del poder ejecutivo frente a la autoridad legislativa del Congreso.
(Fuente: The Independent)
