El Estado de Rhode Island sigue los pasos de su vecino Massachusetts en lo que respecta a la política de deportaciones masivas anunciada por el próximo presidente Donald J. Trump.
El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, y el alcalde de Providence, Brett Smiley, han anunciado que las fuerzas del orden locales y estatales no participarán en las operaciones de deportación masiva anunciadas por la administración Trump.
Esta decisión marca una clara postura en contra de los planes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de deportar a los inmigrantes indocumentados que residen en Estados Unidos.
En una declaración oficial emitida durante el fin de semana, Andrea Palagi, portavoz del gobernador McKee, dijo: «La Policía Estatal de Rhode Island sigue comprometida con la seguridad de nuestros residentes y centra sus esfuerzos en las investigaciones criminales y la prevención de delitos violentos.» Ella agregó: «Si bien la RISP mantiene una relación de colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos con respecto a la detención legal de delincuentes violentos, nuestros oficiales no son oficiales de inmigración y no comprometerán su tiempo o recursos para apoyar las operaciones de deportación masiva.»
Brett Smiley, alcalde de Providence, también reiteró su postura a través de su portavoz, Josh Estrella: «El Departamento de Policía de Providence no se convertirá ni debe convertirse en un departamento de inmigración.» Estrella señaló que «cuando una persona es detenida por el Departamento de Policía de Providence, esa información siempre ha estado a disposición del ICE. Sin embargo, la ciudad nunca ha trabajado ni trabajará proactivamente con el ICE para compartir esta información, y esa política seguirá en vigor.»
Los dirigentes de Providence, RI, insisten en que están comprometidos a mantener la ciudad como un lugar seguro para todos sus residentes, independientemente de su situación administrativa: «Providence sigue comprometida a mantener su condición de ciudad segura y acogedora para todos nuestros residentes, independientemente de su situación administrativa», declaró Estrella.
Las declaraciones de McKee y Smiley se enmarcan en la larga historia de Rhode Island de resistencia a las medidas federales agresivas contra la inmigración. Bajo la administración Trump (2017-2021), políticas similares ya habían desatado tensiones con funcionarios locales y estatales.
En 2017, Donald Trump emitió polémicas órdenes ejecutivas destinadas a aumentar la colaboración entre las fuerzas de seguridad locales y el ICE. Una de las medidas ordenaba específicamente al Departamento de Seguridad Nacional que suscribiera acuerdos que permitieran a los policías locales actuar como agentes de inmigración.
Ante estas iniciativas, Gina Raimondo, entonces gobernadora de Rhode Island, se posicionó:
«Es imperativo que el Congreso reforme nuestro sistema de inmigración. Millones de inmigrantes han vivido en nuestro suelo desde su más tierna infancia y son, en todos los sentidos, estadounidenses. Es nuestro deber ofrecerles una vía hacia la ciudadanía».
También subrayó la importancia de proteger a todos los residentes del Estado al tiempo que se aplica la ley de manera justa.
En 2019, cuando Trump amenazó con redadas masivas en diez metrópolis estadounidenses, Jorge Elorza, entonces alcalde de Providence, dijo:
«Queremos dejar claro que el Departamento de Policía de Providence no participará de ninguna manera en estas operaciones de inmigración inhumanas dentro de nuestra comunidad».
Aunque Providence no fue el objetivo en 2019, estas amenazas habían causado un pánico importante dentro de las comunidades de inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Ahora, ante la incertidumbre de los planes de Trump, esos temores resurgen. «Estamos apuntando principalmente a los criminales, pero también a las personas que han entrado ilegalmente en nuestro país sin seguir los procedimientos adecuados; han cruzado una frontera sin autorización y, por lo tanto, deben irse», dijo entonces el presidente Donald Trump.
Sin embargo, la distinción entre criminales y otros inmigrantes indocumentados sigue sin estar clara, lo que alimenta la preocupación entre quienes temen una aplicación arbitraria de la ley.
En su segundo mandato, el líder del movimiento MAGA tendrá más poder. Su partido tiene el control de todos los poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo, donde los conservadores cuentan con una mayoría de 6 miembros, casi todos leales a Donald Trump.
Acceso limitado a los datos del ICE
Según la policía de Providence, aunque el ICE puede acceder al sistema de información de arrestos del estado, las autoridades locales no pasan información de forma directa o proactiva. Esta política refleja el deseo de no complicar la vida de los residentes indocumentados mientras se mantiene la seguridad pública.
A pesar de ello, sigue preocupando la capacidad del ICE para cumplir las directrices federales. A falta de cooperación local, la puesta en marcha de operaciones de deportación masiva podría verse limitada en ciudades como Providence, que se niegan a desempeñar un papel activo en este proceso.
Rhoide Island es uno de los estados azules (controlados por los demócratas) con un gran número de inmigrantes.
Muchos inmigrantes ilegales ya han abandonado los estados gobernados por leales a los republicanos para dirigirse a los estados santuario, donde gozarán de cierta protección de las autoridades estatales y municipales.
Para obtener información más detallada, lea el artículo completo publicado por The Providence Journal.
Este artículo ha sido escrito por Emmanuel Paul, a raíz de un artículo publicado por The Providence Journal, que puede consultar haciendo clic en el siguiente enlace. Las citas pueden diferir ligeramente del artículo original debido a la traducción.