Apenas promulgada, la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para poner fin a la ciudadanía por nacimiento ya ha enfrentado su primer gran revés legal.
Un juez federal en Seattle emitió una orden de restricción temporal contra la orden ejecutiva del presidente, considerándola una clara e indiscutible violación de los principios constitucionales.
La decisión provino del juez John Coughenour, un veterano magistrado con más de cuarenta años en el cargo. Durante la audiencia, comentó: “No recuerdo otro caso donde la pregunta planteada fuera tan clara como el cristal.” Su fallo siguió a una petición urgente presentada por el Fiscal General del Estado de Washington, Nick Brown, junto con otros tres estados, todos gobernados por administraciones demócratas.
El juez Coughenour no se contuvo al criticar la base legal de la orden ejecutiva. Expresando su asombro, dijo: “Me sorprende que algún abogado pueda argumentar a favor de su constitucionalidad,” y agregó, “¿Dónde estaban los expertos legales cuando se redactó y firmó esta orden ejecutiva?”
En el centro de la disputa está la interpretación de la 14ª Enmienda, que garantiza la ciudadanía a cualquier persona nacida en suelo estadounidense y “sujeta a su jurisdicción.” Los estados que impugnan la orden argumentan que viola directamente esta disposición constitucional, generando incertidumbre sobre la ciudadanía de los niños nacidos en los Estados Unidos.
Lane Polozola, un abogado que representa al estado de Washington, destacó la urgencia del asunto: “Los nacimientos no pueden pausarse mientras el tribunal delibera este caso.” Añadió que los niños nacidos durante este período de incertidumbre enfrentarían daños duraderos. “Hoy están naciendo bebés, tanto en los estados demandantes como en todo el país, bajo una nube de duda sobre su ciudadanía,” explicó.
La administración Trump defendió la orden ejecutiva, basándose en la interpretación de la frase “sujeta a su jurisdicción.” Brett Shumate, un abogado del Departamento de Justicia, argumentó que este lenguaje permite excluir a los niños nacidos de inmigrantes indocumentados o de padres sin estatus legal permanente. Instó al tribunal a permitir más tiempo para un examen detallado de los argumentos legales, advirtiendo contra “un juicio apresurado sobre el fondo del asunto.”
Los estados liderados por demócratas que se oponen a la medida también destacaron sus implicaciones prácticas. Advirtieron que negar la ciudadanía por nacimiento impondría considerables cargas logísticas y financieras a los programas estatales, ya que los niños excluidos de la ciudadanía ya no serían elegibles para los beneficios federales.
Lane Polozola además argumentó que el daño causado por la orden ejecutiva no era accidental, sino intencional. “Parece que causar daño es el objetivo mismo de esta orden ejecutiva,” afirmó durante los procedimientos judiciales.
Esta batalla legal marca uno de los primeros desafíos significativos a las nuevas políticas migratorias del presidente Donald Trump. El bloqueo temporal impuesto por el tribunal permanecerá vigente durante 14 días, permitiendo más audiencias y un examen detallado del caso.
Este artículo se basa en reportes de CNN.