La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, se ha unido a la creciente lista de líderes que se oponen al plan del presidente electo Donald Trump para la «mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos».
La gobernadora demócrata ha rechazado públicamente el uso de la Guardia Nacional para apoyar la iniciativa, citando el daño potencial que podría causar a su estado.
Lujan Grisham declaró a Newsweek que el despliegue de la Guardia Nacional para las deportaciones masivas supondría una sobrecarga de los recursos necesarios para emergencias como los desastres naturales. «Utilizaremos todas las herramientas legales a nuestra disposición para desafiar las deportaciones masivas y trabajaremos con otros estados, porque la unión hace la fuerza», dijo.
Aunque la Gobernadora se opone a las deportaciones masivas, sí se declaró dispuesta a cooperar con las autoridades federales en delitos relacionados con la inmigración. «Los recursos necesarios para investigar, interceptar y deportar a los delincuentes convictos son bienvenidos», añadió.
Su postura contrasta con la de 26 gobernadores republicanos, que se han comprometido a apoyar los esfuerzos de deportación de Trump utilizando las fuerzas del orden estatales y la Guardia Nacional. El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, en nombre de la Asociación de Gobernadores Republicanos, subrayó la importancia de deportar a los «inmigrantes ilegales que suponen una amenaza para nuestras comunidades y nuestra seguridad nacional».
En California, las autoridades están tomando medidas proactivas para limitar la cooperación con las autoridades federales de inmigración. El fiscal general del estado, Rob Bonta, reforzó recientemente las políticas basadas en la SB-54, una ley de 2017 que restringe el intercambio de información entre las instituciones estatales y las autoridades federales de inmigración. Bonta ha calificado el programa de inmigración de Trump de «draconiano» y su retórica de «xenófoba».
Por su parte, el alcalde demócrata de Nueva York, Eric Adams, está reconsiderando el estatus de santuario de la ciudad tras reunirse con el asesor de inmigración de Trump, Tom Homan. Adams sugirió un cambio de enfoque, diciendo que Nueva York ya no serviría como un «refugio seguro» para los criminales.
A medida que crece la oposición a las políticas de inmigración de Trump, el debate pone de relieve una profunda brecha entre los líderes estadounidenses sobre cómo manejar la aplicación de las leyes de inmigración.
Este artículo se basa en un informe de Latin Times.