La administración Trump ha cancelado una extensión de las protecciones contra la deportación otorgadas a los venezolanos, una medida que afecta a más de 600,000 personas que residen en los Estados Unidos. Esta extensión, implementada inicialmente bajo la presidencia de Joe Biden, tenía como objetivo ofrecer refugio a los venezolanos que huyen de la inestabilidad política y la crisis económica en su país de origen.
Como destacó The New York Times el 28 de enero de 2025, esta revocación forma parte de una política migratoria más restrictiva de la administración Trump.
Según The New York Times, la decisión fue tomada por Kristi Noem, la nueva secretaria de Seguridad Nacional.
Ella puso fin a la extensión de 18 meses del Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado bajo la administración Biden. Este programa, diseñado para migrantes que no pueden regresar de manera segura a sus países de origen debido a conflictos o desastres, garantizaba residencia legal y permisos de trabajo hasta el otoño de 2026.
Tras esta revocación, los ciudadanos venezolanos que residen en los Estados Unidos ahora enfrentan un riesgo inminente de deportación. Sin embargo, esta decisión casi con certeza será impugnada en los tribunales.
Las autoridades del DHS defendieron la decisión, argumentando que la administración anterior había actuado de manera apresurada al otorgar la extensión. “Dado el plazo excepcionalmente corto desde su implementación, la extensión no puede mantenerse”, afirmó un memorando del DHS citado por The New York Times. La administración Trump ha criticado regularmente el TPS, argumentando que el programa se ha desviado de su propósito original y se ha convertido en una vía encubierta hacia la residencia permanente, informó The New York Times.
Durante su primera presidencia, Trump ya había intentado eliminar el TPS para varias nacionalidades, incluidos haitianos y salvadoreños, pero estos intentos fueron bloqueados por los tribunales federales. Noem ahora tiene hasta el sábado para decidir sobre una posible extensión alternativa para los venezolanos que obtuvieron el TPS en 2023. Si no se toma una decisión antes de la fecha límite, las protecciones se extenderán automáticamente por seis meses, según The New York Times.
Este nuevo cambio de política ha generado serias preocupaciones entre los defensores de los derechos de los inmigrantes.
En una declaración a The New York Times, Aaron Reichlin-Melnick, representante del Consejo Estadounidense de Inmigración, expresó su preocupación: “Con esta decisión, la secretaria Noem deja a más de 600,000 personas en un limbo administrativo. Estos individuos permanecerán en la incertidumbre sobre su estatus legal hasta finales de año.”
La administración Biden había justificado su primera extensión del TPS citando la crítica situación humanitaria en Venezuela. “El régimen opresivo de Maduro ha generado una grave crisis política y económica, caracterizada por una criminalidad desenfrenada, escasez de alimentos y medicinas, e inestabilidad generalizada”, explicó el Departamento de Seguridad Nacional bajo la administración Biden, según The New York Times.
A medida que se acerca la fecha límite del sábado, la comunidad venezolana y sus simpatizantes esperan con ansiedad las próximas decisiones de la administración Trump. El resultado podría tener importantes repercusiones en el estatus legal y las condiciones de vida de cientos de miles de personas, así como implicaciones económicas significativas para los sectores que dependen de la mano de obra protegida por el TPS.
Venezuela no fue el único país redesignado para el TPS. El Salvador, Ucrania y Sudán también habían recibido una nueva designación para el Estatus de Protección Temporal.
Para los beneficiarios haitianos, el TPS está extendido hasta febrero de 2026, a menos que el presidente de extrema derecha decida revocarlo antes de su vencimiento. Tomó una decisión similar durante su primer mandato, pero un juez federal ordenó que el TPS fuera restablecido mientras se espera una decisión judicial final, que hasta la fecha aún no se ha emitido.