Mientras Haití sigue sumido en una crisis de seguridad e institucional sin precedentes, miles de ciudadanos haitianos continúan siendo expulsados del territorio dominicano.
Solo en el mes de mayo de 2025, el Ejército de la República Dominicana (ERD) entregó a 16,501 migrantes haitianos en situación irregular a la Dirección General de Migración (DGM), como parte de las operaciones de repatriación en curso.
Estas intervenciones, realizadas diariamente por unidades militares, se intensificaron especialmente en varias provincias fronterizas como Dajabón, San Juan, Elías Piña y Pedernales. Paralelamente, 55 personas fueron procesadas judicialmente por delitos relacionados con el tráfico de migrantes, según informó el diario dominicano Diario Libre.
Estas cifras reflejan la magnitud de las medidas de control migratorio en República Dominicana, donde el ejército desempeña ahora un papel central en la detención de migrantes haitianos en situación irregular.
El proceso se ha vuelto sistemático: arrestos en el terreno, traslado a centros de detención y entrega a las autoridades migratorias para su deportación.
Aunque las autoridades dominicanas insisten en la legalidad de estas operaciones, diversas organizaciones de derechos humanos denuncian la brutalidad de los arrestos, las condiciones de detención y la ausencia de garantías procesales. La falta de un marco bilateral claro para gestionar estas devoluciones no hace más que agravar la preocupación.
Del lado haitiano, reina el silencio. Las autoridades competentes no han emitido ninguna declaración oficial sobre estas deportaciones masivas. Peor aún, no se ha establecido ningún sistema de acogida, registro o asistencia. La mayoría de los repatriados se encuentran sin recursos, a veces abandonados en zonas controladas por grupos armados.
Este abandono institucional alimenta un profundo sentimiento de desesperanza entre ciudadanos que huyeron de la miseria, la violencia y la falta de oportunidades.
Muchos, expulsados sin acompañamiento ni seguimiento, no tienen otra opción que intentar nuevamente la travesía, arriesgándose a caer en redes de explotación o enfrentarse, una vez más, al rechazo.
Los haitianos en República Dominicana no son los únicos que enfrentan hostilidad en el extranjero. En Estados Unidos, más de 320,000 ciudadanos haitianos beneficiarios del programa humanitario de la era Biden están amenazados con la deportación, luego de que la Corte Suprema anulara una orden de una jueza federal que había frenado los intentos del gobierno de revocar su estatus legal bajo el programa CHNV.
Por otro lado, el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los inmigrantes haitianos expirará en dos meses. Se espera que la administración Trump anuncie en las próximas 24 horas si planea renovar o no el programa.
Si el TPS fuera revocado, más de 600,000 haitianos podrían enfrentar la deportación desde Estados Unidos, sumándose a los miles más que ya enfrentan amenazas diarias de expulsión desde República Dominicana.