Buenas noticias para los beneficiarios del programa humanitario impulsado por la administración Biden. La jueza federal Indira Talwani volvió a fallar a su favor esta semana.
En una decisión emitida el pasado lunes en el caso Svitlana Doe vs. Noem, la jueza ordenó a la administración Trump reanudar de forma inmediata el procesamiento de solicitudes de ajuste de estatus y otros beneficios migratorios —como permisos de trabajo— presentadas por personas amparadas bajo programas de libertad condicional humanitaria, conocidos como “programas Biden”.
En la misma sentencia, el tribunal también certificó una demanda colectiva a nivel nacional, garantizando que cientos de miles de personas afectadas puedan beneficiarse del fallo.
La medida se aplica particularmente a los beneficiarios del programa para nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV), así como a quienes forman parte de los programas Uniting for Ukraine, Operation Allies Welcome, Central American Minors Parole, Family Reunification Parole y Military Parole-in-Place.
“Nuestros clientes son colegas, parejas, miembros plenos de nuestras comunidades. Merecen ser tratados con equidad”, declaró Karen Tumlin, directora del Justice Action Center, una de las organizaciones demandantes, en un comunicado publicado el miércoles.
La jueza ya había suspendido en abril el intento del gobierno de Trump de cancelar el estatus legal y los permisos de trabajo otorgados bajo el programa CHNV. Esta nueva decisión no solo reafirma las protecciones existentes, sino que amplía su alcance a otros programas humanitarios, celebró la organización Haitian Bridge Alliance.
Guerline Jozef, directora ejecutiva de Haitian Bridge Alliance, también saludó el fallo: “Ya sea que vengamos de Ucrania, Haití, Afganistán o Nicaragua, toda persona beneficiaria de una libertad condicional humanitaria debe tener el derecho de vivir en paz con su familia”. También pidió al gobierno que reactive de inmediato el procesamiento de las solicitudes pendientes.
La sentencia también abarca las solicitudes iniciales o de renovación presentadas por familiares de militares estadounidenses dentro del programa Military Parole-in-Place. La jueza especificó que estas solicitudes deben ser revisadas sin demora.
Anwen Hughes, directora de estrategia legal en Human Rights First, agregó: “El tribunal reconoce claramente el daño causado por la decisión arbitraria del gobierno. Esperamos que las autoridades acaten este fallo y reanuden el tratamiento de los casos pendientes”.
La demanda fue presentada por el Justice Action Center y Human Rights First, con el respaldo de Haitian Bridge Alliance, para impugnar la orden del gobierno de Trump que instruía al USCIS a suspender todos los trámites relacionados con estos programas humanitarios.
También buscaban impedir la cancelación de programas considerados vitales para miles de familias migrantes.
Durante más de 70 años, tanto administraciones republicanas como demócratas han implementado programas de libertad condicional humanitaria para promover la reunificación familiar, responder a crisis humanitarias urgentes y facilitar la gestión de los flujos migratorios.
“Esta decisión demuestra que, cuando luchamos juntos, podemos ganar”, subrayó Guerline Jozef, destacando la importancia de la solidaridad entre comunidades afectadas por las políticas migratorias.
El fallo del tribunal federal de Massachusetts representa un avance significativo en la defensa de los derechos de los migrantes en situación humanitaria en Estados Unidos.
Desde hace varios meses, la administración Trump había suspendido el procesamiento de solicitudes bajo estos programas, alegando que estaba en curso una investigación por posibles fraudes. Desde entonces, miles de solicitantes esperan con incertidumbre la reanudación del tratamiento de sus casos, ya sea para asilo u otros ajustes de estatus migratorio.
