El presidente electo Donald Trump parece más comprometido que nunca a implementar su Proyecto 2025, un plan que previamente había negado durante su campaña.
Uno de los primeros sectores afectados, como era de esperarse, es la inmigración.
La administración entrante de Trump planea cancelar una política que, durante más de una década, ha impedido que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realicen arrestos en ciertos lugares sensibles, como iglesias, hospitales y reuniones familiares, a menos que reciban autorización previa de superiores jerárquicos.
Esta política fue instaurada en 2011 por el director de ICE de ese entonces, John Morton, con el fin de permitir que los inmigrantes indocumentados accedieran a servicios vitales sin temor a ser arrestados durante actividades rutinarias, como consultas médicas o asistencia escolar.
Bajo el nuevo plan, Donald Trump tiene la intención de eliminar estas restricciones desde el primer día de su mandato para acelerar su agresiva estrategia de aplicación de las leyes de inmigración, especialmente en lo que respecta a la deportación de migrantes.
Fuentes cercanas al cambio de política informaron a NBC News que el nuevo enfoque permitirá a los agentes de ICE realizar arrestos en una variedad más amplia de lugares públicos y privados, como funerales, bodas, manifestaciones e incluso durante visitas a lugares de culto, sin necesidad de una autorización previa.
Esta medida forma parte del programa general de Trump sobre inmigración, que incluye un aumento de la represión de inmigrantes en situación irregular y una expansión de las deportaciones en todo el país.
Este cambio de política marca un quiebre significativo con respecto a la postura adoptada durante el primer mandato de Trump y la administración de Biden, donde se habían implementado restricciones para evitar interrupciones innecesarias en espacios públicos y comunitarios.
La decisión de levantar esta política ha generado preocupación, especialmente entre grupos de defensa de los derechos civiles, organizaciones religiosas y comunidades que históricamente han apoyado a los inmigrantes.
Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), subrayó que, aunque los agentes de ICE pueden legalmente realizar arrestos en dichos lugares, eso no constituye necesariamente una política pública ética o prudente. Destacó que una de las principales preocupaciones es el miedo que esta medida podría generar en los inmigrantes indocumentados, disuadiéndolos de buscar atención médica o de enviar a sus hijos a la escuela. Gelernt agregó que el objetivo de las políticas pasadas era encontrar un equilibrio entre la aplicación de la ley y la protección de la seguridad y el bienestar de las comunidades inmigrantes.
La política que prohibía los arrestos en lugares sensibles ya permitía a los agentes de ICE realizar operaciones bajo circunstancias específicas, como preocupaciones de seguridad nacional, amenazas terroristas o cuando perseguían a fugitivos criminales. De hecho, durante el primer mandato de Trump, se realizaron 63 arrestos planificados y 5 arrestos de emergencia en estos lugares sensibles. Según un exfuncionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la razón inicial de esta política podría haber sido válida, pero fue “abusada” por personas que buscaban refugiarse en lugares como iglesias para evitar la deportación.
Algunos miembros del círculo cercano de Trump argumentan que la política que limita las acciones de ICE en lugares sensibles ya no es necesaria y que podría utilizarse para mejorar la aplicación de las leyes de inmigración.
Sin embargo, esta postura enfrenta una fuerte resistencia por parte de defensores de los derechos de los inmigrantes y líderes religiosos, muchos de los cuales temen las posibles repercusiones de tal medida. Un diácono de una iglesia en Arizona, que ha ofrecido refugio a migrantes, expresó su preocupación de que este cambio de política pudiera generar una reacción negativa hacia las comunidades religiosas que apoyan a los inmigrantes vulnerables.
Este cambio de política forma parte de la estrategia general de Trump para su segundo mandato, conocida como el “Proyecto 2025”, que incluye medidas drásticas contra la inmigración ilegal. Algunos expertos temen que esta medida pueda tensar aún más las relaciones comunitarias y generar mayores dificultades para los inmigrantes, especialmente aquellos en las posiciones más vulnerables, ya que ahora podrían ser detenidos durante actividades esenciales para su vida diaria.
Esta propuesta de cambio en la política de ICE ha generado un intenso debate y críticas de expertos legales y líderes religiosos, quienes argumentan que las consecuencias de esta decisión podrían perjudicar no solo a las comunidades inmigrantes, sino también plantear cuestiones éticas sobre la aplicación de las leyes de inmigración en contextos sensibles. El aflojamiento de las restricciones sobre los arrestos de ICE es una de las medidas clave dentro del programa migratorio más amplio de Trump y refleja su compromiso continuo con políticas más estrictas para reducir el número de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos.
Para obtener más información sobre este cambio de política y sus implicaciones, visite el sitio web de NBC News.