“Me preguntaron y luego me hicieron un tacto, aseguraron que no había problema, hasta que llegó la Policía”, dijo la joven al recordar el momento exacto de cómo inició la peor etapa de su vida, el mismo instante en que descubrieron, por su silencio, que se practicó un aborto. Su testimonio coincide con los datos recopilados por la misma Fiscalía y que advierten cómo el 79 por ciento de las denuncias contra mujeres por la interrupción de su embarazo llegan mediante las EPS.
“Me puse a llorar y las enfermeras me dijeron que no me preocupara y que podía seguir adelante con mi vida, pero en ese mismo momento le estaban avisando a la Policía”, recuerda Camila, como prefiere que la llamen por seguridad. “Les dije que era un cólico, ellos me reprocharon que era un aborto inducido, en ese momento la atención y el señalamiento fueron terribles, celadores, enfermeras, médicos, lo decían en voz alta y hasta los otros pacientes se enteraban”. Tuvo que enfrentar como una tormenta, de manera simultánea, el aborto, la estigmatización y el lío jurídico que se le vino encima.
Camila llegó el 27 de noviembre de 2019 a un centro médico en la ciudad de Cali, había tomado unas pastillas que le recomendaron al enterarse de que estaba embarazada en un momento difícil de su vida. Tuvo una hemorragia fuerte que la obligó a trasladarse a un hospital. “Pensé que el tema no iba a salir de ahí, pero un año después me llamaron de la Fiscalía”.
Cuando llegó la Policía, las frases de consuelo que las enfermeras le dijeron al oído se convirtieron en advertencias de la gravedad del momento. A Camila le anticiparon, sin que ella reconociera el aborto, que era responsable de un delito que en Colombia se castigaba con cárcel. “Dije que no me quería ir presa, pero todos, policías, médicos y enfermeras, me interrogaron, no dije nada y asumieron el silencio como una aceptación”.
Un informe…
