La Junta de Supervisores del Condado de San Diego tomó recientemente una decisión significativa para proteger los recursos locales del uso en las acciones federales de aplicación de leyes migratorias.
Con una votación de 3 a 1, la junta aprobó una medida que prohíbe el uso de las instalaciones, el personal y los fondos del condado para apoyar los esfuerzos federales de deportación dirigidos a inmigrantes indocumentados.
Esta decisión representa una postura contra el ambicioso plan migratorio del presidente electo Donald Trump, que incluye la implementación del mayor programa de deportación masiva en la historia de Estados Unidos. El movimiento se alinea con la ética más amplia del “estado santuario” de California, pero va más allá, lo que llevó a que el condado sea etiquetado como “Super Santuario”, según Newsweek.
La presidenta de la junta, Nora Vargas, presentó esta decisión como una basada en la justicia y la cohesión comunitaria. Subrayó que los recursos locales deben usarse para abordar desafíos regionales en lugar de ser desviados hacia la aplicación de leyes migratorias federales. “No permitiremos que nuestros recursos locales se utilicen para acciones que separen a las familias, dañen la confianza de la comunidad o desvíen recursos locales críticos de los desafíos más apremiantes que enfrentamos”, afirmó Vargas. Añadió que la aplicación de las leyes migratorias es una responsabilidad federal y que el Condado de San Diego no será una herramienta para políticas que impacten negativamente a sus residentes.
Sin embargo, no todos en la junta apoyaron la medida. El supervisor Jim Desmond emitió el único voto en contra y expresó fuertes críticas.
“La decisión escandalosa de hoy de convertir al Condado de San Diego en un ‘Super Condado Santuario’ es una afrenta a cada ciudadano respetuoso de la ley que valora la seguridad y la justicia”, dijo Desmond. Argumentó que la medida pone en peligro la seguridad pública al proteger de la deportación a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales, calificándola como una traición al deber de la junta de proteger a la comunidad.
Hogar de aproximadamente 3,3 millones de residentes y situado a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, el Condado de San Diego es un ejemplo destacado de gobiernos locales que refuerzan las protecciones para los inmigrantes indocumentados.
La decisión se produce en un contexto de tensiones crecientes mientras Trump se prepara para reintroducir medidas estrictas en materia migratoria, incluida la eliminación de la aplicación CBP One, la reinstauración de la política de “Permanecer en México” e incluso el objetivo de personas con protecciones legales bajo varios programas humanitarios.
En California, la respuesta a estas políticas federales ha sido firme. Tras la victoria electoral de Trump, el gobernador Gavin Newsom convocó una sesión legislativa especial para abordar cuestiones clave como la protección migratoria, los derechos civiles, la libertad reproductiva y la estabilidad económica.
La postura proactiva del estado refleja preocupaciones sobre las implicaciones más amplias de las políticas federales de inmigración.
El asambleísta Jesse Gabriel, presidente del Comité de Presupuesto de la Asamblea, destacó la necesidad de estar preparados para posibles desafíos. “Debemos estar preparados”, dijo, subrayando la importancia de proteger a las comunidades inmigrantes mientras se espera una colaboración con el gobierno federal para evitar conflictos o costosas batallas legales.
Las agencias de seguridad pública de California también han tomado medidas para limitar su participación en la aplicación de las leyes migratorias. Por ejemplo, Jim McDonnell, jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, destacó las políticas internas diseñadas para evitar que los agentes se involucren en actividades relacionadas con la inmigración, fomentando la confianza dentro de las comunidades inmigrantes.
Mientras California resiste los esfuerzos federales de represión migratoria, otros estados están tomando el camino opuesto. En Missouri, una propuesta controvertida busca incentivar a los residentes para que denuncien a inmigrantes indocumentados. El senador estatal electo David Gregory introdujo el Proyecto de Ley 72 del Senado, que describe un programa que ofrece recompensas de $1,000 por denunciar a personas indocumentadas a las autoridades. El proyecto de ley también incluye disposiciones que prohíben a los inmigrantes indocumentados acceder a beneficios sociales, obtener licencias de conducir o residir legalmente en el estado. La propuesta de Gregory refleja la retórica dura de la administración entrante de Trump, destacando una división en cómo los estados abordan la política migratoria.
El zar fronterizo designado por Trump, Tom Homan, lanzó una severa advertencia a las jurisdicciones que resisten la aplicación de leyes migratorias federales. Hablando en Fox News, criticó a las ciudades y estados santuario por obstaculizar los esfuerzos federales. Homan argumentó que la cooperación a nivel de las cárceles permite operaciones más seguras, reduciendo los riesgos para las fuerzas del orden y la comunidad en general. “Si nos dejan entrar a la cárcel, podemos arrestar al delincuente en la seguridad de la cárcel”, afirmó Homan. “Pero cuando liberas a una amenaza para la seguridad pública en la comunidad, pones en riesgo a la comunidad, a mis oficiales y al inmigrante”.
A pesar de la presión federal, los demócratas en todo el país se están movilizando para oponerse a la agenda migratoria de Trump. Los esfuerzos de base, los desafíos legales y las acciones legislativas están ganando terreno para proteger a las comunidades inmigrantes. Siete senadores demócratas enviaron recientemente una carta al presidente Joe Biden instándolo a implementar medidas para proteger a los migrantes que viven legalmente en los Estados Unidos antes de que la nueva administración tome posesión.
La postura audaz del Condado de San Diego ilustra las tensiones más amplias entre las políticas migratorias estatales y federales. Mientras California y otros estados liderados por demócratas refuerzan las protecciones para los inmigrantes, los estados liderados por republicanos están intensificando las medidas para apoyar las iniciativas de Trump. Esta división ideológica subraya la naturaleza polémica de la reforma migratoria en Estados Unidos, con gobiernos locales como San Diego desempeñando un papel crucial en la configuración del debate nacional.
Este artículo se basa en un reporte de Newsweek. Para leer el artículo original completo, visite su sitio web en Newsweek.