Donald Trump considera reinstaurar la humillante práctica de utilizar brazaletes electrónicos para vigilar a los inmigrantes
Donald Trump planea reintroducir el uso de brazaletes electrónicos para vigilar a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos durante su segundo mandato presidencial.
Estos dispositivos, fijados al tobillo, rastrean los movimientos de las personas sometidas a control judicial.
Inicialmente diseñados para personas en libertad condicional, bajo palabra o a la espera de juicio, también se utilizan para convictos considerados de bajo riesgo de reincidencia.
Teniendo en cuenta que esta tecnología supone una inversión considerable, su aplicación a inmigrantes sin antecedentes penales se había restringido bajo la administración Biden.
La reinstauración de estos dispositivos suscita grandes inquietudes. Lejos de constituir una alternativa real al encarcelamiento, su uso corre el riesgo de ampliar desproporcionadamente el alcance de las leyes de inmigración.
Los expertos señalan que estos brazaletes son especialmente humillantes y pueden tener importantes efectos psicológicos en quienes los llevan, lo que plantea cuestiones cruciales sobre su pertinencia, ética y eficacia.
El equipo de Donald Trump considera que esta medida forma parte de una estrategia global para endurecer los controles fronterizos e intensificar las deportaciones. En la actualidad, este programa, integrado en las «Alternativas a la detención» del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), vigila a más de 25.000 inmigrantes mediante dispositivos electrónicos. Sin embargo, el coste para los contribuyentes dista mucho de ser insignificante, ya que ronda los 80.000 dólares diarios.
Aunque la vigilancia electrónica se presenta a veces como una solución rentable en comparación con los centros de detención, sus limitaciones son numerosas. Los brazaletes electrónicos, la forma más restrictiva de esta tecnología, son objeto de un creciente debate sobre sus efectos en los derechos y libertades fundamentales de los inmigrantes.
Los críticos ven en estos dispositivos una forma moderna de humillación, sobre todo cuando son visibles en público. Restringen la libertad de movimiento, amplifican la estigmatización social y a menudo agravan la angustia psicológica de las personas que esperan una decisión sobre su estatus migratorio.
Por otro lado, los partidarios del programa lo consideran un compromiso necesario. En su opinión, ofrece a los inmigrantes la oportunidad de permanecer en la comunidad al tiempo que garantiza su asistencia a las vistas judiciales. Ron Vitiello, ex director del ICE, subraya que estas medidas no sustituyen a la detención, sino que forman parte de un enfoque global que incluye la ampliación de los centros de detención y una mayor vigilancia.
Para Donald Trump y su equipo, el brazalete electrónico se presenta como una medida preventiva contra la delincuencia de los inmigrantes. Sin embargo, esta retórica se contradice con los datos estadísticos que muestran que los inmigrantes ilegales tienen diez veces menos probabilidades de cometer delitos. En general, se presenta a estos inmigrantes como personas respetuosas de la ley que buscan ante todo mejorar las condiciones de vida de sus familias.
A pesar de su papel en la vigilancia de los inmigrantes, la eficacia de la pulsera electrónica sigue siendo relativa. Los incidentes en los que algunos individuos se han cortado el brazalete para desaparecer han puesto de manifiesto los límites del sistema. En un caso muy sonado, un individuo acusado de delitos graves consiguió escapar a la vigilancia quitándose el brazalete.
En términos financieros, aunque este programa es menos costoso que la detención tradicional, su presupuesto sigue siendo considerable. Con unos gastos diarios que superan los 80.000 dólares, se está cuestionando su pertinencia. Además, su impacto humano -que incluye estigmatización, restricciones de la libertad y trastornos psicológicos- añade más complejidad al debate.
Desde un punto de vista social, la expansión del programa podría empeorar las relaciones entre las comunidades de inmigrantes y las autoridades. El temor a una vigilancia constante puede disuadir a las personas de buscar servicios esenciales, denunciar delitos o participar en actividades comunitarias.
Escuchar el artículo.