Donald Trump quiere deportar inmigrantes a terceros países, pero varias naciones ya rechazan el plan.
Según un detallado informe de la NBC retransmitido por The New Republic, el ex presidente pretende deportar a inmigrantes a terceros países, incluso si su país de origen se niega a acogerlos. Esta estrategia sin precedentes se dirige especialmente a destinos como las Islas Turcas y Caicos, Bahamas, Panamá y Granada, naciones que no cuentan necesariamente con la infraestructura o los recursos necesarios para acoger una afluencia masiva de inmigrantes. Esto ya es un obstáculo para el controvertido proyecto de deportaciones masivas, descrito como «la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos» por el Presidente electo, que tomará posesión de su cargo el 20 de enero.
Es probable que esta política tenga consecuencias humanitarias devastadoras, dejando a miles de personas permanentemente desplazadas, obligándolas a establecerse en países extranjeros, a menudo sin lazos culturales ni históricos.
Los expertos en inmigración señalan que esta situación podría crear una crisis humanitaria sin precedentes, con implicaciones a largo plazo para las personas desplazadas y los países de acogida. Además, Trump querría que México aceptara a los inmigrantes no mexicanos deportados de Estados Unidos, una petición que analistas políticos y expertos en relaciones internacionales consideran muy improbable, dadas las tensiones diplomáticas existentes y los limitados recursos de México.
Bahamas ya ha rechazado firmemente esta controvertida propuesta, mostrando una oposición clara y unánime. En una declaración oficial especialmente contundente, la oficina del Primer Ministro bahameño anunció que había «examinado y rechazado firmemente el plan», subrayando la imposibilidad logística y financiera de semejante empresa para su nación insular.
Los representantes panameños, más diplomáticos pero distantes, se negaron a comentar directamente la propuesta. «El gobierno panameño no responde a hipótesis ni rumores», declaró un portavoz, revelando una evidente reticencia.
Las autoridades de las Islas Turcas y Caicos, Granada y México, por su parte, han mantenido un silencio diplomático, sin responder a las múltiples peticiones de aclaración de la NBC, informó The New Republic.
Según las leyes, convenciones y tratados internacionales, ningún país puede ser obligado a aceptar a personas deportadas por otro país. Bajo la primera administración de Donald Trump y la de Joe Biden, los países, particularmente en África, se negaron repetidamente a recibir a sus ciudadanos deportados por Estados Unidos. Esto había obligado al gobierno estadounidense a mantener a estos inmigrantes en Estados Unidos.
A diferencia de otros países, Haití nunca se ha opuesto a que el Tío Sam deporte a ciudadanos haitianos.
Ante esta creciente resistencia internacional y la falta de cooperación de los países destinatarios, surgen algunas preguntas cruciales y acuciantes: ¿qué hará Donald Trump si ningún país acepta acoger a los deportados? ¿Cómo piensa poner en marcha este plan masivo ante la oposición internacional casi unánime?
Oposición legal y defensa de los derechos de los inmigrantes
Los defensores de los derechos humanos, encabezados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), se oponen ferozmente a este plan, que consideran una violación flagrante de los derechos fundamentales. «Demandamos por este tipo de políticas durante la primera Administración Trump, porque eran ilegales y ponían en grave peligro a los solicitantes de asilo», recuerda Lee Gelernt, veterano abogado de ACLU, en una entrevista en profundidad con la NBC. Esta oposición legal se basa en sólidos precedentes legales y jurisprudencia consolidada sobre los derechos de los migrantes.
Durante su primer mandato, la administración Trump ya sufrió numerosos reveses legales por políticas similares, en particular debido a violaciones de las convenciones internacionales sobre los derechos de los refugiados y los solicitantes de asilo. Los abogados especializados en inmigración y los activistas de derechos humanos prometen seguir impugnando enérgicamente estas medidas por considerarlas no solo ilegales, sino profundamente inhumanas, movilizando sus recursos para proteger los derechos de los afectados.
Una promesa electoral controvertida
A pesar de estos grandes obstáculos y de la creciente oposición, el entorno de Trump sigue firmemente decidido a llevar a cabo este controvertido proyecto. «El presidente Trump recibió el mandato del pueblo estadounidense de detener la invasión de inmigrantes ilegales, asegurar la frontera y deportar a los peligrosos criminales y terroristas que hacen que nuestras comunidades sean menos seguras», afirmó convencida Karoline Leavitt, portavoz oficial del equipo de Trump, reafirmando la determinación del expresidente de poner en marcha esta controvertida política.
Este ambicioso y controvertido plan, aunque promocionado como una respuesta decisiva a la inmigración ilegal, plantea profundas preocupaciones humanitarias, legales y diplomáticas.
Los expertos en derecho internacional señalan las numerosas violaciones potenciales de los convenios y tratados internacionales que podría conllevar una política de este tipo.
Con unos países socios ya reticentes o que se niegan categóricamente a cooperar, y ante la creciente oposición jurídica y humanitaria, el futuro de esta controvertida política parece cada vez más incierto y complejo.
Los analistas políticos también cuestionan las consecuencias diplomáticas a largo plazo de una iniciativa de este tipo, temiendo que pueda deteriorar aún más las relaciones de Estados Unidos con sus vecinos y socios internacionales.
La viabilidad logística y financiera del proyecto también plantea serias dudas, sobre todo en lo que respecta a los costes astronómicos que una operación de este tipo podría generar para los contribuyentes estadounidenses.