La fecha de la sentencia para el ex presidente Donald Trump en el caso del dinero subrepticio se ha fijado para el 10 de enero, pocos días antes de su investidura presidencial. Aunque el momento se sitúa cerca de su ceremonia de investidura, el juez Juan M. Merchan sugirió que Trump probablemente no se enfrentará a penas de cárcel, lo que supone una situación sin precedentes en la que un presidente asume el cargo mientras arrastra condenas por delitos graves.
El juez Merchan, que preside el proceso, rechazó los intentos de Trump de anular el veredicto y desestimar los cargos, incluidas las alegaciones de inmunidad presidencial.
La declaración escrita del juez confirmó que «no existen barreras legales para la sentencia» y subrayó la importancia de concluir el caso con prontitud, según informó Associated Press.
Trump fue condenado por 34 cargos de falsificación de registros comerciales en mayo de 2024, relacionados con los pagos de silencio realizados a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. Según se informa, estos pagos tenían como objetivo suprimir las afirmaciones de Daniels sobre una relación con Trump durante su campaña de 2016. Trump ha rechazado sistemáticamente estas afirmaciones, tachando de falsa la versión de Daniels.
Después de que Trump se asegurara la victoria en las elecciones de 2024, el juez Merchan hizo una pausa en el proceso de sentencia para permitir a ambos equipos legales evaluar cómo la próxima presidencia de Trump podría influir en el caso. El calendario se aceleró tras su éxito electoral.
El equipo de la acusación mantuvo que la condena debía permanecer intacta, haciendo hincapié en la responsabilidad independientemente de la posición política de Trump. Sugirieron enfoques alternativos al encarcelamiento, como suspender el caso durante el mandato presidencial de Trump o reconocer formalmente la condena y la apelación pendiente.
Los abogados de Trump persistieron en luchar contra la condena, haciendo referencia a una decisión del Tribunal Supremo que proporciona a los presidentes una amplia protección frente a cargos penales. También intentaron trasladar el caso a la jurisdicción federal, con la esperanza de reclamar la inmunidad presidencial, pero este esfuerzo fracasó.
A medida que Trump se acerca a su toma de posesión el 20 de enero de 2025, esta situación legal podría establecer precedentes cruciales sobre la relación entre la inmunidad presidencial y la responsabilidad legal en Estados Unidos.
Fuentes:
Associated Press (apnews.com)
Reuters (reuters.com)
New York Post (nypost.com)