La reciente decisión de la administración Trump de autorizar la deportación de los beneficiarios del programa de “parole humanitaria”, conocido comúnmente como el programa Biden, ha desatado una fuerte polémica.
Un memorándum interno obtenido por The New York Times revela que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ahora tienen poderes ampliados para deportar rápidamente a los migrantes admitidos temporalmente bajo estos programas.
El memorándum, firmado por el jefe interino del Departamento de Seguridad Nacional, detalla cómo los agentes del ICE pueden aplicar procedimientos de deportación acelerada, anteriormente reservados para la frontera sur, a los migrantes admitidos en el marco de dos iniciativas clave de la era Biden: la aplicación CBP One, que permite a los migrantes programar citas para una entrada legal, y un programa destinado a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Desde 2023, aproximadamente 1.4 millones de personas han ingresado legalmente a los Estados Unidos bajo estas iniciativas con un estatus temporal, conocido como “parole”.
La medida también podría afectar a otros programas humanitarios, incluidos los que acogen a refugiados de Afganistán y Ucrania. Según The New York Times, esta decisión refleja la determinación de Donald Trump de no solo abordar las entradas ilegales, sino también desmantelar las vías legales establecidas por su predecesor.
La nueva directiva ha provocado una oleada de indignación entre los defensores de los derechos de los migrantes y exfuncionarios de la administración Biden.
Tom Jawetz, ex alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, calificó la medida como una “traición sin precedentes” hacia personas que siguieron las reglas establecidas. “Esto plantea serias cuestiones legales”, declaró, citado por The New York Times.
Karen Tumlin, directora del Justice Action Center, también condenó la decisión: “Castigar a personas que cumplieron con los requisitos del gobierno y que tienen patrocinadores estadounidenses es incomprensible”. Añadió que las comunidades que habían acogido generosamente a refugiados, especialmente de Afganistán y Ucrania, se sentirían profundamente traicionadas por una medida como esta.
Para Donald Trump y sus asesores, esta política representa un esfuerzo por desmantelar las iniciativas de la era Biden que consideran ilegales. Según un alto funcionario de Seguridad Nacional citado por The New York Times, estas medidas reflejan la creencia de Trump de que cualquier migrante en situación irregular debe ser deportado, incluso si ingresó a través de un programa autorizado. Stephen Miller, un asesor influyente de Trump, criticó estas iniciativas ya en 2023, afirmando en las redes sociales: “No transporten a millones de extranjeros ilegales a los pequeños pueblos del corazón de América”.
La directiva permite a los agentes del ICE revocar el estatus temporal de los migrantes, eludir los tribunales de inmigración y acelerar su deportación. Se dirige específicamente a aquellos que han excedido el límite de dos años o que aún no han iniciado trámites de asilo. Estos procedimientos ya han sido impugnados legalmente por organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que presentó una demanda argumentando que estas medidas violan la ley federal.
“Esta política ilegal está diseñada para promover una agenda de deportación masiva”, denunció Anand Balakrishnan, abogado de la ACLU, en declaraciones recogidas por The New York Times.
Esta decisión podría sumir a muchas familias en la incertidumbre, especialmente a aquellas que huyeron de situaciones peligrosas. Los migrantes que creían estar protegidos legalmente podrían ahora verse obligados a regresar a países marcados por la inestabilidad y la inseguridad.
El impulso de la administración Trump por reforzar la política migratoria estadounidense parece estar redefiniendo el panorama para miles de migrantes. Según The New York Times, si se implementa, esta medida podría tener importantes consecuencias humanitarias y legales. Aún no está claro si ya se han iniciado acciones legales contra esta medida revelada por The New York Times.