El clima de inseguridad e inestabilidad política en Haití fue el centro de una reunión celebrada el jueves 16 de abril en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
En un informe presentado a la asamblea, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, pasó revista a la situación de Haití, caracterizada por la inseguridad, las violaciones de los derechos humanos, el mal funcionamiento de las instituciones y la inestabilidad política, entre otras cosas. El informe señala la continua escalada de la violencia de las bandas, que incluye secuestros y asesinatos violentos en la zona de Puerto Príncipe. Esto, según el informe, está provocando un profundo sentimiento de preocupación entre la población.
No se denuncian todos los secuestros y asesinatos intencionados, pero la Policía Nacional de Haití aún registró 540 secuestros entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2022 (un aumento del 36,4%), en comparación con los 396 de los últimos cinco meses de 2021, mientras que el número de asesinatos intencionados aumentó un 17%, pasando de 668 en los últimos cinco meses de 2021 a 782 en los primeros cinco meses de 2022”, señala el informe.
El informe destaca un claro aumento de los casos de secuestro para el mes de mayo con un total de más de ”198 secuestros y 201 homicidios reportados, principalmente en el departamento de Occidente”.
Los enfrentamientos entre bandas armadas en el área metropolitana de Puerto Príncipe se intensificaron y se extendieron a los barrios adyacentes hacia finales de abril y principios de mayo, con violentos combates entre bandas rivales en Croix-des-Bouquets y La Plaine de Cul-de-Sac y Cité Soleil. Más de 17.000 civiles han huido de estas zonas asoladas por las bandas, convirtiéndose en desplazados y dando lugar a la formación de nuevos campamentos cerca de zonas de difícil acceso para los servicios de emergencia.
Los habitantes del barrio de Martissant de Puerto Príncipe y de los municipios de Croix-des-Bouquets, Tabarre y Delmas, donde la delincuencia y la violencia siguen siendo más evidentes, siguen pidiendo al Gobierno que adopte una postura firme contra las bandas armadas.
Junto a la población civil, la policía nacional es también una de las víctimas de esta situación de inseguridad que se está instalando en el país. Según el informe presentado al Consejo de Seguridad, el número de policías nacionales ha disminuido considerablemente debido a las dimisiones, jubilaciones y fallecimientos.
De hecho, “de un total de 15.459 miembros registrados (personal del PNH, nota del editor), sólo unos 12.800 estaban activos el 31 de mayo. Esta discrepancia se explica por un número significativo de deserciones, ausencias por motivos de salud y suspensiones, así como por el uso sistemático de agentes de policía para la protección cercana”, escribe la ONU.
Esta tendencia a la baja va a continuar debido a la falta de esfuerzos sostenidos de contratación y formación. Este fallo disminuye la capacidad operativa de la institución policial en un contexto de aumento de los actos de violencia.
En consecuencia, el disfrute de los derechos humanos sigue siendo una quimera. Las bandas organizadas siguen cometiendo impunemente asesinatos, secuestros y violencia sexual, y controlan casi todos los barrios de la capital.
El informe del Secretario General de la ONU subraya que “los secuestros siguen siendo una realidad en la vida cotidiana de los haitianos y una fuente de ingresos para las bandas organizadas”. Ningún segmento de la sociedad es inmune a esta lacra, señala la ONU, argumentando que “los médicos, los abogados, el personal sanitario, los profesores y los defensores de los derechos humanos se encuentran entre los más afectados (hombres o mujeres), mientras que las mujeres y niñas secuestradas corren un alto riesgo de sufrir violencia sexual y de género durante su cautiverio”.
El informe señala que las protestas contra los secuestros han dado lugar a manifestaciones y huelgas, especialmente en los hospitales.
Para protestar contra los secuestros, trabajadores sanitarios, estudiantes y conductores de transporte público se manifestaron por toda la capital del 14 al 16 de marzo. Los hospitales y clínicas privadas se unieron al movimiento organizando un paro laboral.
Otros puntos del informe del Secretario General presentado al Consejo de Seguridad son la inseguridad alimentaria derivada del bloqueo impuesto por las bandas del barrio de Martissant. Además de la violencia, las bandas organizadas han seguido infiltrándose en la economía local mediante la extorsión, el chantaje y la recaudación ilegal de impuestos”, afirma el informe. El informe señala “el deterioro de la seguridad en el tramo de Martissant de la carretera nacional número 2, donde las bandas organizadas imponen a los propietarios de transbordadores (camiones de carga NDLR) que les den 100 dólares por vehículo transportado”. La situación actual no sólo limita la libertad de circulación, sino que también tiene un impacto directo en la seguridad alimentaria y el acceso a los bienes en la capital y las regiones del sur del país.
Desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones y de la impartición de justicia, el informe señala que “el sistema judicial haitiano sigue minado por la corrupción, la insuficiencia de recursos y la falta de voluntad política, que contribuyen al bloqueo de los procedimientos”. Las investigaciones sobre las masacres de La Saline (2018) y Bel-Air (2019) y el asesinato de Monferrier Dorval (batônier 2020), presidente del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe, no han avanzado. Además, el mal funcionamiento del sistema de justicia acentúa el fenómeno de la detención preventiva prolongada. Más del 85% de los jóvenes menores de edad encarcelados en las prisiones haitianas permanecen en prisión preventiva durante períodos excepcionalmente largos”, reza el informe de 31 páginas.
